EL VENEZOLANO COLOMBIA
La Corte Constitucional emitió un fallo en defensa de una madre cabeza de familia cuyos derechos fueron vulnerados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) al excluir a su grupo familiar de los potenciales beneficiarios del programa Familias en Acción debido a la nacionalidad venezolana de uno de sus hijos.
Este caso pone de relieve las tensiones y desafíos que enfrentan los migrantes en Colombia y las políticas gubernamentales que pueden afectar su acceso a programas de ayuda social.
Exclusión y respuesta de la Corte
La Corte Constitucional revocó la decisión de un juzgado que negaba el amparo a la madre cabeza de hogar. La Sala Octava de Revisión determinó que la exclusión de la accionante y su grupo familiar del programa Familias en Acción por parte del DPS vulneraba sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso administrativo.
La Corte encontró que el DPS había excluido injustamente a la demandante y su familia de los listados de potenciales beneficiarios del programa.
Argumentos del DPS y fallo de la Corte
El DPS justificó su decisión operativa de no incluir en los listados de focalización del programa a hogares con integrantes venezolanos que se identificaran con documentos como salvoconductos para refugiados. Argumentaron que esto se debía a la falta de una fuente de información confiable para validar los datos de identificación y supervivencia, con el fin de evitar pagos a personas fallecidas.
Sin embargo, la Corte consideró estas exigencias como irrazonables y desproporcionadas, especialmente para los ciudadanos venezolanos que enfrentan una situación de vulnerabilidad como migrantes.
Ordenamientos de la Corte y recomendaciones
La Corte ordenó al DPS que incluyera a la demandante como potencial beneficiaria del programa de Renta Ciudadana y que definiera fechas para la implementación del mismo, asegurando la entrega efectiva de los subsidios previstos. Además, instó a la entidad estatal a informar a la accionante sobre el cronograma y el progreso de su proceso. Esta decisión destaca la importancia de garantizar la igualdad de acceso a los programas de ayuda social para todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, y subraya la necesidad de políticas más inclusivas y sensibles a la situación de los migrantes en Colombia.
El fallo de la Corte Constitucional es un recordatorio contundente de la necesidad de proteger los derechos de los migrantes y garantizar su acceso equitativo a los programas sociales. Las autoridades deben adoptar medidas que reconozcan y aborden la vulnerabilidad específica de esta población, evitando discriminaciones injustas y promoviendo la inclusión plena en la sociedad colombiana.
Solo a través de un enfoque solidario y respetuoso de los derechos humanos se puede construir una sociedad más justa y equitativa para todos sus miembros.
