Todo comenzó cuando Gustavo Petro, el 5 de mayo de 2023, imbuido plenamente de su condición de presidente de Colombia, de viva voz y de cara a las cámaras de su país, aseguró ser el jefe, el superior jerárquico del fiscal general de la Nación.
Evidentemente el mandatario hace caso omiso del inequívoco principio de que debe existir independencia absoluta de la Fiscalía y el Poder Judicial en cualquier Democracia que se precie de serlo. El revuelo político fue de antología, el país reaccionó con estupor en el acto y no pasó mucho sin que el cordobés se sintiera obligado a rectificar, cosa que hizo sin inmutarse.
Solo que sus intenciones quedaron claramente a la vista: el inquilino de la casa de Nariño consideraba que el Poder Judicial que el Fiscal Francisco Barbosa representaba, era un obstáculo, una piedra en el camino, de sus devaneos absolutistas.
Otros elementos se sucedieron posteriormente para confirmar la tesis de que Petro lo que aspiraba era a una autocracia sin obstáculos y el Fiscal Barboza se le estaba presentando como un escollo de envergadura.
Y así fue como desde la Presidencia, la Fiscalía fue urgida de levantar órdenes de captura de algunos narco delincuentes con el argumento de que la libertad total de estos personajes era un elemento indispensable para el establecimiento de un estado de cosas, de un ambiente que abonara en favor de la “Paz Total” proclamada por el Presidente. Una vez más, con todo el cuidado del caso, y basado en irrefutables argumentos legales, el Fiscal mandó de paseo al mandatario.
De allí en adelante el sentimiento de vulnerabilidad que el Presidente lleva “in pectore” no ha parado de crecer. Para nada vale que más de una vez se le haya señalado al mandatario que la división de poderes es una de las características más representativas de la existencia de una Democracia. Para Petro nada debe oponerse a sus designios y considera que cualquier critica a su proyecto estrella, el de la Paz Total, equivale a poco menos que una actitud subversiva.
Es así como Barbosa ha debido tragar grueso cuando le tocó explicar al país como es que sus tareas al frente de la dirección de la política criminal no conducen a nada útil. La crítica virulenta en su contra por sus tareas de investigación de delitos de los narcoguerrilleros, de parte de lo alto del poder lo mantienen anulado. No es poca cosa adversar al mandatario en aquello que tiene que ver con las herramientas para alcanzar la paz en Colombia. Y particularmente ser crítico del cese al fuego que es irrespetado flagrante y continuamente por los alzados en armas.
Podría continuar relatando muchos más episodios que muestran lo nefasto que es tener en la cabeza de una nación como Colombia a un político incapaz de respetar las instituciones garantes del Estado de Derecho.
Uno de los últimos hechos es la calificación de “sedicioso” del Fiscal sostenida desde la Presidencia. Algo explica esa inveterada necesidad de enfrentamiento y el empeño de ejercer control sobre el órgano que resulta ser la cabeza de la investigación penal en Colombia . La Fiscalía es responsable hoy de las pesquisas relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asuntos turbios relacionados con los dineros de la campaña electoral. No es de extrañar, pues, que Barbosa haya sido señalado por el Presidente de estar instando a un golpe de Estado.
El fiscal acaba de dejar su cargo hace pocos días y dejó tras sí una estela de éxitos que nadie va a refutar. Valga solo citar una: en el cuatrienio último, bajo la égida de Barbosa se capturaron y judicializaron 6.689 miembros de estructuras criminales. No es de extrañar que el funcionario acaricie la idea de ser él quien dirija los destinos de la patria. El hombre tiene con qué.
