EL VENEZOLANO COLOMBIA
La reciente confirmación de las inhabilitaciones por 15 años de los líderes opositores María Corina Machado y Henrique Capriles ha suscitado un intenso debate en Venezuela.
Según analistas políticos, más del 70% de la población venezolana rechaza estas medidas y demanda el levantamiento de las sanciones impuestas a los políticos afectados.
Descontento generalizado
Expertos como Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21, y Félix Seijas, director de Delphos, coinciden en que la mayoría de los venezolanos, tanto de la oposición como del chavismo, se oponen firmemente a las inhabilitaciones.
Este descontento refleja una demanda generalizada de restablecer los derechos políticos de los líderes sancionados.
Necesidad de condiciones electorales mínimas
Cabrera destaca que el levantamiento de las inhabilitaciones es crucial para garantizar condiciones electorales mínimas y fomentar la participación en futuros procesos electorales.
Subraya que la percepción de una competencia justa y equitativa podría aumentar significativamente la participación ciudadana en las elecciones.
Rol de la oposición
Seijas enfatiza la importancia de que la oposición respalde los esfuerzos de María Corina Machado para ser candidata, señalando que su exclusión del proceso electoral sería percibida como una falta de representación política.
Destaca la necesidad de encontrar alternativas viables para asegurar la participación opositora en las elecciones presidenciales.
Demanda de cambio político
El descontento popular también refleja un llamado a un cambio político en Venezuela. Seijas señala que la baja aprobación del gobierno de Maduro, junto con las condiciones económicas precarias, alimenta el deseo de cambio entre los venezolanos, quienes ven en la participación política una vía para mejorar su calidad de vida.
Es imperativo que las autoridades venezolanas consideren las demandas de la población y tomen medidas para restablecer los derechos políticos de los líderes opositores inhabilitados. El respeto a la voluntad popular y la garantía de condiciones electorales justas son fundamentales para fortalecer la democracia en Venezuela y promover la estabilidad política en el país.
