EL VENEZOLANO COLOMBIA
El Observatorio Migratorio de Venezuela de la Universidad del Rosario ha publicado un estudio sobre la situación migratoria en Colombia, destacando un aumento exponencial de venezolanos y las dificultades que enfrentan, particularmente en la nacionalización de sus hijos nacidos en este país.
Dictamen de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional emitió la sentencia T-402 de 2023, otorgando un fallo que facilita el registro de hijos de migrantes venezolanos, descendientes de colombianos, sin la necesidad de apostillar sus documentos en Venezuela. Esta decisión protege sus derechos fundamentales al debido proceso y a la nacionalidad colombiana.
Problemas y obstáculos
El estudio reveló que la mayoría de los migrantes no pueden realizar el proceso de apostilla en Venezuela debido a los altos costos y a las fallas técnicas en la plataforma digital del Gobierno venezolano.
A pesar de existir la opción de declaraciones juramentadas de testigos para el registro de nacimiento, la Registraduría Nacional no permitía su reconocimiento como ciudadanos colombianos.
Sentencia y reconocimiento
En 2022, la Corte Constitucional había proferido la sentencia T-393, ordenando la excepcionalidad de la exigencia de la apostilla en el registro civil, permitiendo la declaración de dos testigos cuando esta se convierta en una carga irrazonable. Sin embargo, muchos migrantes no podían costear este trámite.
Desafíos económicos y fallas técnicas
El alto costo y las dificultades económicas de los migrantes para realizar el proceso de apostilla en Venezuela se combinan con las fallas técnicas en la página web habilitada para estos trámites, lo que ha obstaculizado el reconocimiento de la nacionalidad colombiana de sus hijos.
Es imperativo que las autoridades colombianas revisen y ajusten los procedimientos para la nacionalización de los hijos de migrantes venezolanos, considerando la excepcionalidad de la apostilla y buscando alternativas viables para facilitar este proceso. Recomendamos un análisis detallado y una modificación de las políticas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de esta población vulnerable en Colombia.
