El 23 de junio de 2023, el entonces presidente electo Gustavo Petro hacía pública su comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro “para abrir la frontera y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera” ante la solicitud venezolana de restitución de relaciones, rotas desde febrero de 2019. Al cumplirse el primer año de gobierno en materia de la relación bilateral el balance es positivo, pero plantea cuestionamientos.
Se recuperaron las relaciones bilaterales, se nombraron embajadores, se restablecieron las misiones diplomáticas y se trabaja por la reconstrucción de la institucionalidad con la creación de la Comisión de Vecindad e Integración. Sin embargo, no deja de llamar la atención que la recuperación de relaciones se materializara sin lograr mayor compromiso de la parte venezolana.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela siempre han sido complejas, y en las diferentes negociaciones Venezuela contó con la ventaja comercial sobre Colombia, nuestra dependencia del mercado venezolano nos obligó a tragarnos más de un sapo. Y en el trato con Chávez, Maduro y la Revolución Bolivariana la relación se volvió más azarosa y supeditada a los temperamentos, formas y maneras del chavismo.
Pero las cosas han cambiado, Venezuela ya no es un mercado tan importante para Colombia; por el contrario, ahora tiene una dependencia de nuestros productos, bienes y servicios. La vecindad nos da una posición privilegiada para abastecer a Venezuela, país que ya no tiene capacidad para reemplazar nuestra canasta exportadora como lo hacía en el pasado el presidente Chávez cuando peleaba con el presidente Uribe, y sacrificar el comercio bilateral ya no es una opción.
La crisis venezolana ha mejorado la posición de negociación de Colombia, y en el marco de la recuperación de relaciones con Venezuela se perdió la oportunidad de lograr mayores compromisos y garantías de las autoridades que detentan el poder. Y parece que a pesar de los casi cuatro años de ruptura total no teníamos un plan de acción para la recuperación de la relación bilateral; por el momento, solo la “buena voluntad” y la improvisación han orientado la retoma.
Las autoridades colombianas subestiman la crisis venezolana, y los diagnósticos sobre la recuperación económica y la seguridad jurídica que ofrece el régimen chocan con la realidad que enfrentan los exportadores colombianos. La supuesta recuperación del PIB en 2022 por encima del 18 %, según el Banco Central, contrasta con la caída de más del 7 % en el primer semestre de 2023, según el Observatorio de Finanzas de Venezuela; una volatilidad que hace de Venezuela un mercado poco confiable.
A lo que se suma el proteccionismo de gremios e industriales venezolanos que han sobrevivido construyendo pactos y pagando coimas al oficialismo, pero que no tienen capacidad de competencia contra los productos colombianos y tienen una tendencia al proteccionismo.
Si bien la recuperación de la relación bilateral era un imperativo para Colombia, se debió construir una estrategia robusta. En algunos momentos se ha evidenciado que Venezuela, a pesar de sus precariedades, estaba más preparada. El cuerpo diplomático colombiano se ha estrellado con una difícil realidad operativa, y la ausencia de un verdadero liderazgo ha debilitado la posición colombiana. A lo que se suma el abordaje complaciente con las narrativas del régimen venezolano por parte del presidente Petro, el canciller Leyva y la “diplomacia tuitera” de Armando Benedetti, en su tiempo a cargo de la embajada.
La falta de un plan de acción en la reapertura de frontera ha desencadenado un recrudecimiento de la violencia en Norte de Santander. Con la habilitación de los puentes se está causando un reacomodamiento de actores armados que se disputan las rentas criminales de este lado de la frontera, del otro lado se ha establecido un orden criminal-autoritario que está en manos del gobernador Fredy Bernal. El manejo de la frontera es tan complejo que obliga a un diálogo de doble instancia, lo que se acuerda con Caracas después se debe renegociar con el gobernador del estado de Táchira.
Bernal es el responsable del lado venezolano para la administración de la frontera. No obstante, siempre es azaroso negociar con un régimen autoritario porque todo puede cambiar de un momento a otro, como pasó con otras figuras del chavismo: Raúl Isaías Baduel, Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez Torres y, más recientemente, Tareck El Alssami. Hoy son tolerados por Miraflores los denominados “impuestos del protector”, coimas que supuestamente cobra el gobernador a todas las actividades legales e ilegales del lado venezolano de la frontera, pero eso puede cambiar si Bernal cae en desgracia. Del lado colombiano no hay una autoridad que coordine las diferentes instancias para el abordaje de la frontera.
Y es esa quizá la mayor dificultad del relacionamiento con Venezuela. El hermano país es controlado por un régimen que puede cambiar caprichosamente las reglas de juego, que empodera y sacrifica a diferentes actores y cuyos factores de poder no responden a un orden constitucional o estatal. Se equivocan el presidente y el canciller colombianos si creen que la relación se puede edificar sobre las simpatías con el régimen de Maduro o haciendo propias en escenarios nacionales e internacionales las narrativas del chavismo.
El peor error de la pasada administración no fue perpetuar la ruptura bilateral propiciada por Maduro ni romper todos los canales de comunicación, lo cual ya fue un acto de irresponsabilidad. El error más grave fue que no se trabajó por la estructuración de una relación con un régimen no democrático. Nunca se debió desmantelar el servicio exterior colombiano para Venezuela; por el contrario, Colombia debió profundizar en el estudio y la comprensión de su vecino más importante.
Ahora el presidente Petro no puede pasar de la estrategia de confrontación con Venezuela, del presidente Duque, a una estrategia de la simpatía y defensa de la Revolución Bolivariana. Es fundamental edificar una relación sólida con Venezuela, establecer unos mínimos de confianza y unas reglas de juego claras teniendo como punto de partida la naturaleza autoritaria del régimen.
Por el momento no hay nada que permita decir que en el hermano país la situación política va a cambiar, todo parece indicar que Maduro continuará en el poder en agosto 2026 cuando el próximo presidente de los colombianos se posesione. Así las cosas, el éxito en la retoma de relaciones no lo determina la apertura de los puentes, la formalización del comercio bilateral, los encuentros presidenciales o la participación de Venezuela en la “Paz Total”, la prueba acida para la relación será si se logra la continuidad cuando Petro deje la presidencia en Colombia y el Estado venezolano, controlado por Maduro, mantenga la relación con el próximo jefe de Estado de los colombianos, independientemente de su color político.
