EL VENEZOLANO COLOMBIA | VERSIÓN FINAL
El Gobierno venezolano solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de llevar el caso Venezuela I sobre crímenes de lesa humanidad, que se les permita responder al informe sobre las opiniones de 8.900 víctimas que solicitan la reanudación y ampliación de la investigación.
El pasado 25 de abril, el canciller Yván Gil envió una carta firmada donde sostiene que esta autorización para responder se justifica debido a que el informe presentado por la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) «plantea nuevos problemas» que no estaban previstas antes de conocer dicho escrito.
Además, el Gobierno Nacional alegó que el informe de la VPRS «presenta hechos de presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano».
Gil considera necesario que Venezuela pueda responder «en detalle a cada una de estas alegaciones» ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Para entregar dichas respuestas, la administración Maduro pide a la Sala un plazo hasta el 30 de mayo para poder entregar sus reclamos, reseñó Tal Cual.
Ahora le corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares I responder a esta solicitud antes de definir si continua o no la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan.
El informe de la VPRS, publicado el pasado 20 de abril, expuso que las víctimas consideran que «debido a la falta de justicia efectiva por parte del Estado venezolano, este Tribunal es el único medio para lograr la reparación o compensación del daño sufrido, para obtener verdadera justicia y responsabilizar a los agentes del Estado cómplices de los grupos armados que actúan a favor del Gobierno nacional y son protegidos por agentes militares y policiales».
El escrito no contiene información que identifique a las víctimas y organizaciones que declararon en este proceso. La CPI aclaró que el Gobierno de Venezuela «no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas».
En este contexto, la Organización no Gubernamental Acceso a la justicia, detalló que esta es una «estrategia dilatoria» del gobierno venezolano para retrasar una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I sobre la investigación por crímenes de lesa humanidad.
