➽ De un vistazo
◉“El estatus migratorio no será óbice para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. Los trabajadores y trabajadoras extranjeras sin consideración de su situación migratoria. Así reza el artículo 34 del proyecto de reforma laboral que el Ministerio del Trabajo
◉ Históricamente, Colombia ha sido un país refractario a las migraciones
◉ Según la exposición de motivos del artículo, los venezolanos cotizantes a la PILA no pasan de 130 mil y la Agencia Pública de Empleo ha atendido a no más de 15 mil personas
EL VENEZOLANO COLOMBIA | MUNDO OBRERO
“El estatus migratorio no será óbice para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. Los trabajadores y trabajadoras extranjeras sin consideración de su situación migratoria en el país gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. Una vez iniciado el contrato de trabajo, se deberá facilitar la regularidad migratoria del trabajador”.
Así reza el artículo 34 del proyecto de reforma laboral que el Ministerio del Trabajo ha presentado esta semana al Congreso de la República. Este proyecto, que busca dignificar y modernizar las relaciones laborales en Colombia, contiene como hecho inédito esta propuesta que profundiza el alcance democrático del espíritu de la Constitución de 1991. Es la primera vez que en Colombia una ley laboral menciona a la población extranjera, migrante o residente, y la reconoce como sujeto de derechos. ¿Por qué es tan importante?
Refractarios y expulsores
Históricamente, Colombia ha sido un país refractario a las migraciones. Durante nuestra historia republicana solo hemos recibido dos fenómenos migratorios: El de personas provenientes de Medio Oriente en los primeros decenios del siglo XX y el actual de los hermanos venezolanos.
La colonia extranjera en nuestro país es muy minoritaria, a diferencia de otros países de la región como Perú, Venezuela, Argentina o México. En Bogotá, con ocho millones de habitantes, hay solo una mezquita y tres sinagogas, lo que demuestra la escasa presencia de población de origen extranjero y por tanto, la poca o nula influencia que hemos tenido de culturas diferentes a la mexicana o la estadounidense.
Al mismo tiempo, nuestro país ha sido un expulsor de población. Durante decenios, la violencia, el conflicto armado, la pobreza o la persecución política han llevado a casi nueve millones de colombianos a marcharse en busca de un mejor lugar para vivir o simplemente tratando de conservar la vida.
Todos tenemos, al menos, un familiar en el extranjero y todos sabemos de las penurias y las dificultades que han tenido que afrontar para salir adelante, en especial el racismo, la precariedad, la soledad o el desarraigo.
Todos sabemos que migrar es una aventura pero también puede ser una pesadilla. Para nuestros parientes en el extranjero ha sido difícil adaptarse, en particular cuando la cultura es muy diferente, y ha sido doblemente difícil insertarse en condiciones dignas al mercado laboral. Casi todos –lo sabemos– están en trabajos precarios, mal pagados, con horarios extenuantes y lidiando con la presión que significa cumplir con las expectativas de la gente que se dejó atrás, en casa.
Migrar es un derecho humano
Pues bien, exactamente lo mismo le sucede a las personas que por uno u otro motivo han tenido que salir de sus países de origen y hoy comparten con nosotros nuestras calles, parques, pupitres y lugares de trabajo. Ellos también pasan frío, soledad, incertidumbre y, en concreto, también tienen que lidiar con las dificultades de no tener su situación migratoria definida y así estar expuestos a la sobreexplotación laboral y, por ende, a la pobreza y a la marginalidad.
Según la asesora del Ministerio del Trabajo para asuntos de migración, Yuveli Muñoz, “este artículo se basa en el principio de igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y está en sintonía con varios instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Colombia, que protegen los derechos de los trabajadores migrantes (…) Es un artículo que se nutre de experiencias como la reforma laboral española de 2022, enfocada en proteger a los sectores más precarizados”.
Se propone así introducir el debate sobre los derechos de las personas migrantes, algo urgente debido a la precaria situación que padece la mayoría de ellas. En los últimos años han llegado al país casi 2,5 millones de venezolanos, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad debido a su condición migratoria irregular. Según la exposición de motivos del artículo, los venezolanos cotizantes a la PILA no pasan de 130 mil y la Agencia Pública de Empleo ha atendido a no más de 15 mil personas. Es decir, los programas oficiales han sido insuficientes.
Buen negocio
Por eso el enfoque debe cambiar y pasar de considerar el fenómeno migratorio como un problema que se atiende con medidas asistencialistas a verlo como la oportunidad de incorporar millones de personas al mercado laboral y así hacer crecer la economía. Parte del problema que aqueja a los venezolanos con situación irregular en Colombia es que deben ofrecer su trabajo por menos del salario mínimo. Ello desata una competencia a la baja entre los trabajadores más precarios, colombianos y venezolanos, que solo beneficia al empresario inescrupuloso que se permite pagar por debajo del mínimo también a sus connacionales.
Esta situación no se resuelve persiguiendo a los trabajadores venezolanos sino otorgándoles los mismos derechos que a los colombianos. De este modo, el empresario tendrá que contratar a los venezolanos en igualdad de condiciones, garantizando a todos un acceso igualitario a las oportunidades de trabajo. Además, desde el punto de vista macroeconómico, la incorporación de la población migrante a la Población Económicamente Activa redundará en el aumento de la fuerza laboral, el incremento de la capacidad de consumo de millones de personas y el consiguiente crecimiento en las ventas.
La exposición de motivos así lo argumenta: “Es muy necesario que en las acciones de la reforma laboral se mantenga la formalización del empleo y la creación de contratos a término indefinido, garantizando la igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna, ya que no solo ayudaría a mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras migrantes que se encuentran en situación informal e irregular sino que tendría efectos positivos para el país tales como el aumento de la fuerza laboral disponible en el mercado formal, los aportes a la seguridad social, la tributación y, en términos generales, la generación de ingresos”.
Nativa o extranjera, la misma clase obrera
Más allá de que el artículo sea un acto de justicia y que además sea una buena idea, lo más importante es que busca contribuir a que cambie nuestra mentalidad frente a las personas migrantes. Según encuestas, el 59% de los colombianos está en desacuerdo con que se les otorguen Permisos de Protección Temporal a los venezolanos y el 61% tiene una opinión desfavorable de ellos.
La exposición de motivos del artículo identifica que durante los talleres y encuentros preparatorios de la reforma laboral, los trabajadores migrantes solicitaron que el Ministerio del Trabajo adelante “capacitaciones, formación, sensibilización y campañas contra el racismo y la xenofobia”, algo que sin duda es urgente no solo por parte de la cartera laboral sino de todo el Estado colombiano.
El artículo 34 de la reforma laboral pretende así contribuir al debate sobre la dignificación del trabajo de todas y todos, locales y foráneos, y de paso plantear al país la necesidad de reconocernos con honestidad en nuestra diversidad como la amalgama de culturas que somos. Mestizos, indígenas, negros, raizales y gitanos, pero también judíos, asiáticos, árabes y venezolanos.
Todos y todas somos personas en igualdad de condiciones y tenemos derecho a tener todos los derechos. Como sociedad, debemos avanzar en incorporar y acoger a nuestros hermanos migrantes, en especial a los más vulnerables. Sin importar el lugar donde hayamos nacido, todos cabemos bajo el sol de Colombia.
