EL VENEZOLANO COLOMBIA | UNIVISIÓN
Abogados consultados por coindicen en que no se sabe cómo procesará el gobierno de Biden a migrantes venezolanos una vez se cancelen las restricciones por la pandemia en la frontera. Y advierten que la falta de claridad afecta el debido proceso migratorio.
Faltando tres semanas para la cancelación del Título 42 por orden de un juez federal de Washington DC, crece la incertidumbre respecto qué hará el gobierno de Joe Biden con los venezolanos que a partir del 21 de diciembre lleguen a la frontera sur en busca de asilo en Estados Unidos.
Por ahora está vigente un proceso anunciado el 12 de octubre que permite a venezolanos y familiares inmediatos venir a Estados Unidos de manera ordenada y por avión, siempre y cuando sean pedidos por familiares que vivan legalmente en territorio estadounidense.
El programa advierte que no califican menores no acompañados, aquellos que fueron deportados en los últimos cinco años, no tampoco venezolanos que cruzaron la frontera de manera irregular entre puertos de entrada después del 19 de octubre de 2022.
Tampoco califican aquellos que han cruzado las fronteras de Panamá o México de manera ilegal después del 19 de octubre de 2022 y no cumplan con todos los demás requisitos, incluidos los de vacunación y otros relacionados con salud pública.
Pero la pregunta que por ahora no tiene respuesta es qué hará el gobierno después del 21 de diciembre con los miles de venezolanos que aguardan en territorio mexicano la llegada del 21 de diciembre para intentar cruzar y pedir asilo después de huir de su país en busca de un mejor futuro.
No hay claridad
Abogados consultados por Univision Noticias coindicen en un punto clave: el gobierno no ha dado explicaciones respecto a qué hará después del 21 de diciembre, cuando entre en vigor la orden emitida a mediados de noviembre por el juez federal Emmet Sullivan, quien falló a favor de una demanda entablada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y bloqueó la política del Título 42 que permite al gobierno federal expulsar de manera expedita a extranjeros en la frontera por la pandemia del coronavirus.
“Por ahora, todo indica que, a partir del 21 de diciembre, el gobierno va a aplicar el programa de ‘parole’ anunciado el 19 de octubre”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Puede que no se les permita a los venezolanos entrar al país o pedir asilo si entraron ilegalmente a Panamá o México después del 19 de octubre, y a su vez México coopere con la expulsión a su país de estas personas”.
Sin embargo, Barrón advierte que, “el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no ha publicado todavía una regla que sustituya de manera humanitaria qué política suplantará el Título 42 en la frontera con México después del 21 de diciembre”.
Para José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, “si quitan el Título 42 solo queda vigente el Título 8 (que permite deportar de manera expedida por razones de inadmisibilidad utilizando la discrecionalidad de los agentes fronterizos)”.
Bajo la ley vigente, los solicitantes de asilo deben presentarse en un puerto de entrada y pedir asilo, pero la pregunta que asoma tras la cancelación del Título 42 “es si los inmigrantes venezolanos que se encuentran esperando en territorio mexicano podrán pedir asilo y sus casos procesados bajo el debido proceso. Esa pregunta la debe responder el gobierno”, indicó Guerrero.
“No se sabe por ahora cómo van a procesar a estas personas. No hay explicaciones respecto a qué harán las autoridades migratorias con aquellos que ingresen irregularmente a Estados Unidos y tampoco con aquellos que hubieren entrado irregularmente a México o Panamá después del 19 de octubre, como lo indica el protocolo activado el 12 de octubre”, apuntó.
No debería haber restricciones
Para otros expertos, una vez eliminado el Título 42 no debería haber restricciones en la frontera con México para pedir asilo en Estados Unidos.
“Todo extranjero que se presente debería ser considerado elegible para pedir asilo, tienen el derecho de solicitarlo y el gobierno, dentro del marzo del debido proceso, debe determinar si tiene o no una causa de asilo”, dice Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California.
“El asilo debe ser abierto para todos, todo extranjero tiene los mismos derechos”, precisa. “Pienso que el protocolo del 12 de octubre fue emitido para detener el enorme flujo de personas de Venezuela que se estaba registrando en la frontera y de esa manera bajar la presión”, señaló.
Pero después del 21 de diciembre “el gobierno no podrá rechazar la entrevista de asilo por ser un país determinado, en este caso Venezuela”, indicó.
Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, dice que por ahora “no tengo una respuesta2 respecto a lo que hará el gobierno después del 21 de diciembre con los venezolanos que llegan a la frontera.
Sin embargo, se aventura y señala que “desde el punto de vista legal, solo hay una cosa por hacer: como país, estamos adheridos a la Convención y tenemos que dejarlos cruzar y procesar debidamente”.
“Los inmigrantes deberían poder cruzar la frontera, pero pueden permanecer detenidos y pedir asilo. No hay ninguna otra alternativa, menos que el gobierno anuncie otra política de reemplazo”, indicó.
Sin embargo, Velásquez como los demás abogados consultados, también advierte que “por ahora no hay respuesta. Falta que el gobierno clarifique. Definitivamente se necesita conocer que va a hacer el DHS después del 21 de diciembre con los venezolanos”.
“No estoy seguro”
“No estoy seguro respecto a qué hará el gobierno después que retire el Título 42”, dice Ángel Leal, quien ejerce en Miami, Florida. “Considero que, si deja de existir el mecanismo que permite las expulsiones por razones de salud pública, se me ocurre que aplicarán el proceso de deportación expedita y la entrevista de miedo creíble que entró en vigor en mayo”.
“La otra alternativa es que dejen de ofrecer el programa del 12 de octubre, pero no tenemos claridad respecto a qué sustituirá el Título 42 después del 21 de diciembre”, señala.
En cuanto a la política de asilo de mayo señalada por Leal, se refiere a la implementación en la frontera de una regla provisional de asilo que otorgó poderes extraordinarios temporales a los agentes de asilo del servicio de inmigración para conceder el beneficio, hasta ese momento solo permitido a los jueces de inmigración.
Quienes no sean elegibles son colocados en un proceso de deportación acelerado y enviados ante un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos.
“Pienso que este programa lo van a ampliar para sustituir el Título 42”, dice Leal. Pero deben estar preparados para recibir y procesar un gran flujo de personas.
A la pregunta respecto a la falta de transparencia o anuncio por parte del gobierno, Leal precisa que “si lo anuncian con mucho anticipo, provocan lo que están tratando de evitar, que la frontera nuevamente se congestione”. Pero teme que “tal vez lo digan con tan poco anticipo que haya tiempo para digan que se organicen y se cumpla con el debido proceso”.
Leal también señala que la ampliación de la política de asilo de mayo requiere recursos y personal para atender los miles de casos de asilo que se espera se registren después del 21 de diciembre.
El anticipo de Mayorkas
Por ahora solo se conocen declaraciones emitidas por el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, tras el fallo judicial que ordena al gobierno la eliminación del Título 42. El funcionario dijo que “estaban explorando procesos ampliados” de la expulsión acelerada (expedited removal) en la frontera entre nacionalidades, y que estaban analizando los regímenes de control y consecuencias, y cómo se podrían emplear de manera más efectiva.
“No obstante, hace unos días, el gobierno confirmó que estaban poniendo en marcha un amplio plan para solicitudes de asilo que será implementado después del 21 de diciembre, cuando caduque la vigencia del Título 42”, dice Receba Sánchez-Roig, una exfiscal de inmigración del Departamento de Justicia quien ejerce en Miami, Florida. “Pero no sabemos exactamente cuál es ese amplio plan”, advierte.
Sánchez indica además que el gobierno ha indicado que las personas “serán procesadas en base al Título 8”, herramienta que obliga al gobierno a seguir las normas sobre los procesos de solicitud de asilo. ”Por tanto, a partir de diciembre, las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando entren en un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos”, un escenario que presagia un aumento de peticiones y una mayor congestión que hasta ahora de alguna manera frena la vigencia del Título 42.
Sin embargo, Sánchez-Roig previene que el Título 8 “tiene consecuencias severas para las personas que cruzan ilegalmente, eso incluye la repatriación, expulsión acelerada, o que el individuo no pueda regresar a estados Unidos durante 10 años”.
“Simplemente, si el individuo no califica para asilo, puede ser deportado. Y aunque estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, si tienen la capacidad de repatriar a los venezolanos a su país. Creo que veremos un aumento en el número de deportaciones en la frontera, incluida la expulsión acelerada, que en última instancia tendrá un efecto similar al uso del Título 42”, concluyó.
Univision Noticias preguntó al DHS qué política implementaráa los venezolanos que piden asilo en la frontera sur después del 21 de diciembre. Al cierre de esta nota no había respuesta.
