EL VENEZOLANO COLOMBIA
La Corte Constitucional hizo un llamado al Gobierno para que aplique la Resolución 2231 de 2021, la cual permite que los nacionales venezolanos puedan identificarse en el territorio colombiano con el pasaporte venezolano vencido, siempre que este tenga el sello de ingreso y permanencia de la autoridad migratoria.
Así lo dijo al resolver una tutela que presentó una ciudadana venezolana que le solicitó al Ministerio de Educación de Colombia convalidar el título de licenciada en enfermería que obtuvo en su país, pero el trámite fue negado debido a que su pasaporte se encontraba vencido y no tenía otro documento de identificación válido para las autoridades.
El Ministerio de Educación respondió que cuando no se cuenta con pasaporte vigente, el solicitante podrá aportar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), documento que no tenía porque estaba en trámite.
Con ponencia de la magistrada Paola Meneses Mosquera, la Corte hizo un llamado de atención pues, a pesar de la vigencia de la Resolución 2231 de 2021 del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la mujer no se le aceptó como válido su pasaporte vencido.
“Es claro que los nacionales venezolanos pueden identificarse en el territorio colombiano con el pasaporte venezolano vencido que tenga el sello de ingreso y permanencia de la autoridad migratoria”, dice el fallo.
Según el alto tribunal, el Ministerio de Educación configuró con su actuación “una vía de hecho administrativa”, en tanto su exigencia de solicitar un documento de identificación diferente al pasaporte venezolano no solo carecía de fundamento objetivo, sino que fue producto de una actuación arbitraria que vulneró los derechos de la mujer.
“Por lo tanto, dicho pasaporte es un documento de identificación válido para identificarse ante las autoridades colombianas, acceder a los servicios estatales y adelantar los correspondientes trámites administrativos”, agregó la Corte.
En la sentencia, el alto tribunal recordó que el Gobierno debe tener las normas específicas que se han dictado para la protección especial de la población venezolana en territorio colombiano.
