Los venezolanos no le hemos asignado al tema de la diáspora, la jerarquía y la significación política que tiene. La estampida humana producida por el socialismo del siglo XXI tiene unos efectos devastadores en el seno de nuestra sociedad.
Se trata del fenómeno migratorio más voluminoso y calificado que conozca el hemisferio occidental en el presente siglo. En el seno de cada familia se resiente diariamente su fractura. Todos sobrellevamos la separación de nuestros hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Nadie puede ocultar que la destrucción del país, de sus instituciones, de su convivencia civilizada, de su infraestructura y de su economía, a manos del militarismo chavista, ha producido esta huida de millones de compatriotas, que no han tenido otra opción, sino lanzarse por los caminos del mundo para sobrevivir o para tratar de buscar una oportunidad que su país ya no podía ofrecerle.
Para la cúpula roja este problema importa poco. Que a nuestros compatriotas los esclavicen, humillen, discriminen y exploten no parece importarles mucho.
Si bien cada estado debe garantizar la vigencia de los derechos humanos en su territorio, no faltan en nuestros países vecinos y amigos, los promotores de la xenofobia y la discriminación, como la alcaldesa de Bogotá Clara López, o el recién elegido presidente peruano Pedro Castillo, que impulsó su campaña política sobre la base de la criminalización de los migrantes venezolanos muy especialmente, hasta el punto de comprometer su palabra para expulsarlos de su territorio.
En todo caso, los dirigentes venezolanos estamos en el deber de alzar nuestra voz para exigir respeto a los derechos humanos de los venezolanos en cada país donde han arribado, y así lo hemos hecho varios de nosotros.
Pero lo más grave es la situación de exclusión y discriminación que están sufriendo nuestros compatriotas migrados de parte del Estado socialista en el ejercicio de sus derechos políticos. Derechos humanos consagrados en el capítulo IV, Título III de nuestra Constitución. Tanto en el derecho, como en los hechos, el Estado venezolano restringe severamente estos derechos a los ciudadanos que se han visto obligados a fijar su residencia en otro país.
En efecto el Estado venezolano no ha adecuado su legislación a la realidad de los tiempos presentes. Si bien la Constitución reconoce el derecho al voto de los compatriotas residentes fuera del territorio de la República, también es cierto que la legislación y la administración electoral lo hacen inejecutable.
En primer lugar el artículo 124 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales establece que para poder ejercer el derecho al voto, los ciudadanos venezolanos residentes en otro país, deben estar legalmente establecidos en el mismo. Tal norma somete a la legislación y administración de un país extranjero derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos.
Por otra parte la posibilidad de ejercer los derechos políticos está sometida a la existencia de consulados, dónde nuestros compatriotas deben registrarse y ejercer el derecho correspondiente. Esa norma era aceptable en los tiempos en lo cuales el número de ciudadanos residenciados en el exterior era insignificante, respecto del conjunto de la población. El venezolano salía del territorio nacional para estudiar o cumplir alguna misión. Eran muy pocos los que se establecían en otras latitudes.
En las actuales circunstancias existe este fenómeno de nuestra diáspora, pocas veces visto en todo el continente americano. En el pasado, a nivel continental, hubo refugiados por razones políticas. Personas vinculadas a luchas políticas, fundamentalmente contra las dictaduras, que debieron abandonar sus países para salvaguardar su vida y su libertad.
Las migraciones sociales, movidas por razones socioeconómicas, se han dado básicamente desde centro América hacia Estados Unidos. Nuestro país, epicentro de una creciente y pujante industria petrolera a lo largo del pasado siglo, fue impactado positivamente por la migración europea generada por los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial. También fue receptor de migrantes provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y otras islas del Caribe.
Pero el fenómeno migratorio venezolano de este tiempo tiene una dimensión única en la historia del continente, por su volumen, naturaleza y alcance geográfico. Los organismos internacionales están fijando nuestra estampida humana, ya en 6 millones de personas. Además de lo voluminoso, es menester destacar la calidad del recurso humano que ha abandonado el territorio. Hemos perdido más de 50% de la plantilla de profesionales sanitarios, gerenciales, científicos e ingenieros de diversas ramas, pero muy especialmente los recursos humanos especializados en petróleo, a quienes el chavismo les privó de su trabajo y les confiscó sus ahorros y su seguridad social.
También ha partido un contingente impresionante de nuestra juventud. Han abandonado los liceos y universidades para irse a buscar cómo vivir en otros confines.
Una migración de esa magnitud ha impactado significativamente a nuestros vecinos en el continente, especialmente a los del sur donde ha ido a parar 50% de esa población. Por supuesto Colombia, nuestro inmediato vecino, por la afinidad cultural y proximidad geográfica, ha sido el principal receptor de esa migración. No hay ciudad o pueblo donde no haya llegado un venezolano en estos tiempos. Ya son más de 2 millones de personas los que se ha movilizado a la tierra neogranadina.
Pero esa presencia masiva se siente de forma creciente también en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Por supuesto que otro volumen importante se esparce por Estados Unidos, Centroamérica y Europa.
Ese contingente humano no puede ejercer sus derechos políticos. Pero lo que es más grave su identidad puede ser usurpada para un proceso electoral.
La lectura del documento base de las negociaciones en México ha determinado que se crearán las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos políticos de todos los venezolanos. Esa declaración debe incluir a los venezolanos residentes en otros países del mundo.
La sociedad democrática venezolana debe tomar la situación de estos compatriotas como una prioridad fundamental en su agenda política. Por lo que a la mesa de negociación debe llegar el planteamiento de acordar una política que le permita de manera efectiva, segura y transparente a los venezolanos en el exterior, ejercer sus derechos políticos. Básicamente el derecho a elegir y a revocar a las autoridades nacionales.
Ya no es posible sostener la norma reglamentaria que obliga a los ciudadanos a registrarse en un consulado y a ejercer su derecho en la locación que el organismo consular determine. Ese impedimento se hace presente por el volumen y diversidad geográfica de ubicación de las personas.
Pero existe además un problema derivado de la pugnacidad política desplegada por el chavismo con los gobiernos de occidente, especialmente con Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile y otros tantos de Europa, con los cuales no hay relaciones diplomáticas y consulares. Precisamente, los países donde está más asentada la diáspora, tienen los consulados cerrados.
En este sentido, dada la urgencia de acordar una solución electoral a nuestra tragedia y a las dificultades descritas para facilitar el ejercicio del derecho a la participación política a la diáspora, estimo fundamental recurrir a los organismos de Naciones Unidas para solicitar su cooperación en garantizar a nuestros compatriotas el ejercicio de sus derechos políticos.
La experiencia por parte de la máxima instancia mundial en materia de asistencia electoral es ya muy amplía. La competencia está a cargo del secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, quien es por resolución de la Asamblea General el coordinador de la Asistencia Electoral.
A tal efecto han creado la División de Asistencia Electoral del Departamento de Asuntos Políticos, la cual recomienda al coordinador los parámetros de toda la asistencia electoral de las Naciones Unidas y presta asesoramiento sobre el diseño de los componentes de la misión electoral o proyectos de asistencia. También ofrece orientación política y técnica a todas las entidades de las Naciones Unidas que participan en la asistencia electoral, en particular sobre políticas electorales y buenas prácticas. Cuando es necesario, la División presta apoyo al secretario general y a sus enviados y a las misiones políticas y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en lo relacionado con la prevención y la mediación en las crisis electorales y, asimismo, mantiene alianzas electorales con otras organizaciones regionales e intergubernamentales que participan en las elecciones.
No hay en el mundo otra instancia con las credenciales, experiencia y capacidad para garantizar los recursos técnicos, logísticos, institucionales y operativos para hacer efectivo a los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos. Es una obligación política, ética y jurídica del liderazgo nacional garantizar a esa voluminosa masa humana, esparcida por el mundo, el ejercicio de estos derechos humanos.
