Mayo: el mes más violento contra la prensa en Colombia

◉ Las organizaciones -que se agrupan en el Proyecto Antonio Nariño (PAN)- le piden al Gobierno que no tolere los ataques contra periodistas y reporteros, "ya sean tradicionales y alternativos"

EL VENEZOLANO COLOMBIA

Varias organizaciones de prensa, incluida la Fundación Gabo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hicieron este viernes un llamado al Gobierno colombiano, después de denunciar que «el periodo de protestas que atraviesa el país ha sido también el mes más violento contra la prensa en las últimas décadas».

Las organizaciones -que se agrupan en el Proyecto Antonio Nariño (PAN)– le piden al Gobierno que no tolere los ataques contra periodistas y reporteros, «ya sean tradicionales y alternativos».

Según la FLIP,  236 periodistas han sido agredidos en todo el país en las primeras 5 semanas de protestas.

«Vemos con mucha preocupación la escalada de violencia, el ambiente hostil y agresiones generalizadas contra medios y periodistas», aseguran las organizaciones, que también incluyen a la Asociación Colombiana de Medios de Información o a Consejo de Redacción (CdR).

Estas agresiones incluyen detenciones ilegales, ataques a sedes periodísticas, el robo de equipos o las agresiones físicas que han sufrido decenas de periodistas, que «en su mayoría, lamentablemente, son atribuidas a la fuerza pública (el 54,1 % de las veces), pero también a civiles (el 31,6 %)».

PRENSA LIBRE DE VIOLENCIA

De esta forma, piden al Gobierno, a las autoridades locales y a los entes de control que den información «transparente, veraz y suficiente sobre los hechos y denuncias ciudadanas, incluidas aquellas en contra de los miembros de la fuerza pública», y le piden a la Procuraduría (Ministerio Público) que asuma las investigaciones disciplinarias en esta área.

Por otra parte, también se mostraron preocupados por la identificación de noticias falsas por parte de la Policía, que señalan directamente la actividad de la prensa.

«En los estados democráticos ninguna autoridad administrativa debería determinar la veracidad de las noticias y la categorización de las opiniones expresadas en línea», alegaron estas organizaciones.

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