Gota a gota el discurso xenófobo va calando en Colombia, al amparo de los miedos que trae la crisis económica y la acción oportunista de algunos de sus gobernantes, dirigentes políticos, agentes sociales y medios de comunicación que buscan pescar en río revuelto o encuentran en la migración el chivo expiatorio perfecto para justificar sus falencias.
La más reciente manifestación de esta ya larga y significativa lista de expresiones discriminatorias provino del alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, quien relacionó a la migración venezolana con los saqueos y otras acciones vandálicas sucedidos en la capital del Valle del Cauca con motivo del paro nacional convocado por las centrales obreras para protestar contra la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional.
“Hay población migrante presente, no sé quién los ha logrado incentivar y creo que la fuerza pública debe dar traslado inmediato a la deportación”, espetó el mandatario caleño tras producirse las primeras acciones violentas en la ciudad que gobierna. Ospina tildó como corresponsable de los desmanes a “población venezolana”, un colectivo que llega al menos a 59.571 personas en Cali y 89.258 en el Valle del Cauca, pero no se refirió con nombre y apellido a ciudadanos de ese país presuntamente incursos en los delitos -a quienes les debería caer todo el peso de la ley, una vez que se les juzgue, si son encontrados culpables- , sino que lanzó un manto de sospecha general sobre los habitantes provenientes de Venezuela.
No contento con eso, pidió su deportación inmediata, un concepto que, aunque está contemplado en la legislación colombiana, no se corresponde en absoluto con el pensamiento progresista y garantista que profesa el gobernante de Cali y que, en último término, debería expresarse por medio de la aplicación del debido proceso para evitar abusos e injusticias. ¿Se ha puesto a pensar el alcalde Ospina en las consecuencias que tendría para un venezolano ser devuelto a su país a través de medidas administrativas sin que se pruebe su culpabilidad?
Deconstrucción de un mensaje
En sus declaraciones, Ospina mencionó entre los responsables de los hechos violentos acaecidos en Cali, además de la “población venezolana”, a “actividades criminales muy subterráneas, con personas encapuchadas, con personas dañinas, y yo creo que eso puede estar muy atado a los procesos criminales que se viven en los alrededores de Cali” y, de seguidas, añadió que cree “que pueden existir algunas personas que su filosofía y proyección ideológica es la anarquía y que su deseo es deteriorar completamente la institucionalidad y que juegan a este giro de unas instituciones deterioradas bajo su lógica de que el Estado debe ser reemplazado”. La cereza del pastel: Ospina coloca a la “población venezolana” junto con “procesos criminales que se viven en los alrededores de Cali” y personas cuya “filosofía y proyección ideológica es la anarquía”.
Las generalizaciones y falsas asociaciones alimentan de manera fácil e interesada el relato xenófobo, al relacionarlas con medias verdades o simples mentiras. De esta manera, refuerzan prejuicios que se mantienen latentes entre la población respecto a los extranjeros e, incluso, con relación a los sectores más empobrecidos de la sociedad.
De ahí la importancia de que el liderazgo político, económico, social, mediático y cultural del país sea sumamente cuidadoso a la hora de atribuir culpas de manera genérica a la migración. Resultaría inconcebible que el alcalde Ospina se hubiese referido, por ejemplo, a los miembros de un estrato en particular a la hora de declarar sobre los responsables de los hechos violentos que tuvieron lugar en Cali.
Una demostración de las consecuencias negativas que se desprenden de actuaciones imprudentes de líderes con gran ascendente en la opinión pública, podemos apreciarla precisamente en la manera como los medios de comunicación trataron las declaraciones del alcalde caleño. El título donde se le atribuyen las palabras referidas a la responsabilidad de los migrantes venezolanos en los saqueos comentados, salió acompañado de fotos de los más diversos desmanes cometidos en la ciudad durante los disturbios, desde quemas de autobuses y saqueos hasta daños a bienes públicos.
La conclusión lógica de cualquier lector desprevenido es que los migrantes son los responsables de todos los violentos desórdenes, aunque la realidad y el sentido común nos diga, en atención a la gran extensión temporal y geográfica de los mismos, que los venezolanos no podrían ser sus únicos perpetradores.
Otros antecedentes
Afirmaciones como las de Jorge Iván Ospina tienen antecedentes llamativos y corresponden además a políticos de la más diversa procedencia ideológica. Por ejemplo, en 2017, el vicepresidente de entonces, Germán Vargas Lleras, y posterior aspirante a la presidencia de la República en 2018, inauguró las declaraciones xenófobas de altos dignatarios del Estado al advertir expresamente, en un acto de entrega de viviendas sociales, que las casas no iban a ser para los “venecos”, término peyorativo con el que se suele llamar a los venezolanos.
Incluso, el actual mandatario, Iván Duque, señaló el 21 de diciembre de 2020, en el marco de las medidas que su gobierno estaba adoptando en la lucha contra la pandemia de la covid-19, que los migrantes venezolanos que se encontraban en un estatus migratorio irregular no serían vacunados para evitar el efecto llamada, lo que le valió no pocas críticas. Algunos de sus ministros, como los titulares de Justicia y Defensa, también hicieron referencias a la responsabilidad de los migrantes venezolanos con el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.
Sin embargo, el palmarés xenófobo se lo ha llevado la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una curtida política con sólida formación académica en Colombia y Estados Unidos, quien llegó al gobierno de la capital colombiana en 2020 precedida de un aura de dirigente progresista y defensora de los derechos de las minorías. De manera reiterada desde entonces ha realizado polémicos pronunciamientos discriminatorios contra los migrantes venezolanos, a quienes también ha atribuido la culpa por los altos índices de delincuencia.
Primero, en marzo de 2020, la alcaldesa López se enzarzó en una polémica con el presidente Iván Duque a quien le encomendó que se encargara de los venezolanos en la pandemia, aduciendo que no tenía recursos para ello, aclarando que ella se encargaría de los colombianos. Luego, en octubre del mismo año, se despachó con la frase “no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos”, que le valió incluso una reprimenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Y más recientemente, en marzo de 2021, con motivo del asesinato de un policía en Bogotá, volvió a relacionar a la migración venezolana con la inseguridad en la capital colombiana.
No se trata pues de un asunto baladí. En manos de todos y, especialmente, de quienes ejercen liderazgo e influencia en la sociedad, está evitar que el fantasma de la xenofobia siga creciendo como una bola de nieve y que sus ominosas consecuencias afecten la convivencia y los valores democráticos del país.
[1] Investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
