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El Estatuto Temporal de Protección, una decisión inédita en la historia que posicionará a Colombia como líder en la ayuda humanitaria, y que implica la regularización de 1,7 millones de migrantes venezolanos. ¿Qué significa esta decisión?
El ETP permitirá: I) el establecimiento de los derechos y deberes de la población migrante en el país; II) mejores herramientas para identificarlos y caracterizarlos; III) su inclusión a la vida productiva; IV) y un mejor diseño y focalización de políticas públicas.
Sin embargo, aún se tiene una percepción negativa frente a los potenciales efectos que puede tener esta decisión en materia de empleo y seguridad. Contrastemos estos mitos con la evidencia disponible sobre estos temas.
1er Mito: “La mayoría vienen a delinquir”. Falso. Los migrantes venezolanos representan alrededor del 3,6% de la población total en el país, donde según Migración Colombia, solo el 4% de los delitos realizados en Colombia son llevados a cabo por extranjeros, y 0,63% por venezolanos. Asimismo, “Proyecto Migración Venezuela” afirma que el 2% de los detenidos entre 2015 y 2019 fueron venezolanos, de los cuales 20% fueron por invasión del espacio público, es decir, por trabajar de manera informal. Esto revela, más que un problema de seguridad, uno de diseño de políticas públicas.
La informalidad en la población migrante venezolana ocupada es de casi 70%, 15 pp más alta que el dato nacional. Del total de ocupados, el 45% corresponde a hombres y el 25% corresponde a mujeres, que trabajan en la informalidad y el 30% restante a trabajadores formales.
2do Mito: “Son una carga, van a aumentar el desempleo en el país”. Falso, representan una inyección de capital humano. La GEIH 2020, muestra que el migrante promedio es joven y con un nivel educativo relativamente alto, esto fortalecerá la fuerza laboral y extenderá el bono demográfico. Como se aprecia en los gráficos, casi la mitad de los venezolanos corresponde a personas entre los 15 y 34 años, sumado a que al observar el logro educativo para la población mayor de 15 años se evidencia que el que el 53% de los migrantes cuenta con educación media o superior, frente a un 48% de la población colombiana.
A este respecto, (Bahar et al, 2020)[1] encontraron que la formalización en Colombia de cerca de 400 mil venezolanos en 2018 no tuvo impactos negativos significativos sobre las horas semanales trabajadas, los salarios mensuales, la participación laboral de colombianos, ni en la tasa de ocupación de trabajadores colombianos en el sector informal.
Para finalizar, la regularización de la población migrante permitirá conocer de manera precisa, la distribución territorial de la migración en Colombia, lo que permitiría focalizar esfuerzos en pro de mejorar las condiciones de vida de esta población. Actualmente, las cifras nos indican que cerca del 20% de los migrantes se encuentran situados en Bogotá, y cerca del 30% en los departamentos de frontera con Venezuela, territorios donde la regularización sin duda tendrá un mayor impacto.