EV COLOMBIA | EL TIEMPO
Desde días atrás estaba rondando la zona, las inmediaciones del centro comercial Salitre. Iba en las tardes y caminaba de un lado a otro, como acechando. A veces cobraba por cuidar carros, otras vendía dulces, pero lo que realmente le interesaba era la pareja del migrante venezolano que se rebuscaba con galletas y chocolates. Los vigilaba. Ellos lo notaron, pero creyeron que era un vendedor ambulante más que buscaba un nuevo lugar para trabajar. No fue así.
El pasado 4 de marzo, finalmente se presentó. Tenía un cuchillo en la mano en forma de pico de loro y lo ocultaba detrás del antebrazo con gran habilidad. Oriana Maiz y Gabriel Sanabria, esposos, se alarmaron. Eran las tres de la tarde cuando se escuchó el primer grito ronco: “¿Qué hacen aquí?, ¡esto es Colombia!”.
A esta frase le siguió una serie de insultos xenófobos que hicieron sudar frío a la pareja. “No sé qué hacen aquí, venezolanos”. “Tranquilo”, trató de conciliar Gabriel. Esta respuesta pareció detonar la ira del delincuente: nariz chata, un metro con 65 centímetros, trigueño, chaqueta blanca y tapabocas desechable. Levantó el ‘pico’e loro’ –como le dicen en Venezuela a ese cuchillo– y los amenazó.
Oriana corrió, y Gabriel se interpuso, pero el agresor le cortó el pulgar, le deshizo los tendones y una cascada de sangre salió de su mano derecha. En el forcejeo se cayó, y fue presa fácil. El chato le enterró el cuchillo, una vez en la cara y otra en el brazo. Los gritos de Oriana alertaron al celador de un negocio de la zona. Dos policías llegaron para socorrer a la víctima. La decisión fue ir a la terminal de transporte, “allí debía haber una ambulancia”, pensó rápido Oriana. Encontraron ayuda y se llevaron al hombre herido a un centro médico. En el recorrido, por la ventana, ella vio huyendo al agresor. “Empecé a gritar ‘¡él es, que lo agarren, él fue el que nos quiso matar’ ”, narró.
LA CAPTURA DEL AGRESOR DEL MIGRANTE
Los policías, que iban escoltando la ambulancia en una patrulla, lo capturaron. Una vez en la clínica, los uniformados le pidieron a Oriana que interpusiera la denuncia, así que tuvo que dejar a su pareja en el hospital e irse con el hombre que los atacó, en el mismo carro de policía, hasta la URI La Granja.
Era muy tarde. La hija de Oriana y Gabriel los estaba esperando en casa, sola. Ahí permanecía, estudiando con el celular. Como a la 1 de la mañana del 5 de marzo, con su esposo en la clínica, con la ropa empapada de sangre, llegó a donde su pequeña, en un apartamento minúsculo en el barrio México, de Ciudad Bolívar.
A las 4:30 a. m., cuando abre TransMilenio, se dirigió al hospital. A Gabriel le habían limpiado las heridas y aplicado algunos medicamentos, pero había un problema: se le había vencido el permiso de permanencia. A Oriana le dijeron que tenía que ir a Migración Colombia y luego afiliarse a una EPS.
BARRERAS EN SALUD. LA ODISEA PARA SER ATENDIDO EN UN HOSPITAL
No era una tarea fácil, debía dedicarse a resolver los trámites, y dejar a un lado el trabajo. Una tragedia para quien vive del día a día. Pasó por oficinas de la Cancillería, de Migración. Habló con la EPS. Iban cinco días, y a su esposo no lo operaban. Estaba con las heridas abiertas.
Buscó apoyo en organizaciones de venezolanos. Cuando al fin logró la afiliación, cinco días después de los hechos, en el hospital le dijeron que no tenían convenio con la EPS.
“Me dijeron que buscáramos un hospital. O sea, que yo sacara a mi esposo a la avenida, agarrara un carro y lo llevara a otro lado. Imagínese, y en las condiciones en las que estaba él, era inhumano”, recuerda. Algunos medios se acercaron a su historia, y con la presión de organizaciones de migrantes se logró que a Gabriel lo operaran el martes 9 de marzo, seis días después de casi ser asesinado.
Según explicó Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, este tipo de situaciones suelen presentarse por la condición de irregular de algunos migrantes. Y no solo en términos de salud, también en justicia, seguridad y trabajo. “Un venezolano de manera irregular no tiene instrumentos para denunciar un evento que le haya afectado, porque de hacerlo puede quedar en la mira de las autoridades, los pueden expulsar o deportar. Por eso es tan importante lo que se va a hacer con el estatuto de migración del Gobierno Nacional, porque trata de igualar un poco la cancha”, analizó el experto.
Una vez Gabriel salió del centro médico, Oriana pidió ayuda para comprar una cama. Hizo una recolecta con amigos. No podía llevar a su esposo a que se recuperara en la colchoneta en la que dormían. La plata les alcanzaba para el arriendo y la comida, pare de contar. Pese a eso, estaban mejor acá que en su país.
UNA TRAVESÍA
En Barcelona, estado de Anzoátegui, esta pareja tenía una vida normal antes de la crisis social y económica en la que terminó Venezuela. Ella es administradora de empresas y trabajaba en una que se encargaba de prestarle servicios de ingeniería a PDVSA, la estatal petrolera. Gabriel es comerciante, fabricaba cocinas de mármol y granito. La niña asistía a un buen colegio.
“En el 2018 era desesperante. Comprábamos, por ejemplo, pollo y se lo dábamos a la niña, y nosotros comíamos otra cosa, no comíamos la proteína porque estaba muy caro. Nosotros, cualquier cosa, una galleta, o agarrábamos y nos tomábamos agua con sal, porque no teníamos para comer”.
Por esta situación decidieron irse, primero él. Gabriel llegó con un billete de 2.000 pesos a Bogotá el 2 de septiembre de 2018. El pasaje desde Cúcuta le costó 98.000 pesos. Su idea era trabajar y alistar todo para recibir a su esposa e hija meses después. El día que llegó, un grupo de paisanos le dio la mano: comida y un techo en Lucero, Ciudad Bolívar.
Al otro día, a la calle. Limpiar vidrios, vender dulces, cargar bultos, lo que saliera. Sacaba para comer, y el resto del dinero lo guardaba en un colchón. Ahorró por tres meses y tenía el dinero para que su esposa y su hija viajaran, pero Oriana le dijo que guardara la plata para arrendar una pieza. Ella compró los pasajes con el dinero que le dieron de liquidación al renunciar a su trabajo.
LLEGARON A TRABAJAR EN LO QUE SEA
Se acomodaron en el barrio Lucero. Ambos salían a trabajar vendiendo chocolates y galletas, hasta que meses después a ella la contrataron en una salsamentaria y a él, en una pastelería. Estaban juntos de nuevo, trabajaban todos los días, la niña ingresó al colegio Ciudad de Montreal y le va muy bien, es juiciosa e inteligente.
A mí, Bogotá me pareció una ciudad demasiado hermosa, bellísima”, dice la mujer. Sin embargo, después de todo lo que pasó, solo espera regresar a su país. Hoy, según Migración Colombia, en Bogotá hay 340.711 venezolanos, entre ellos esta familia, de 1’742.927 que están en el país.
“Con el corazón en la mano –y con lágrimas en los ojos mientras lo dice–, quiero devolverme a mi país, no quiero estar más aquí. Me quiero como transportar y estar en mi casa y no haber vivido esto que vivimos. Nosotros nos vinimos para un mejor futuro para mi hija, para comer bien, para vivir un poco mejor de como estábamos”.
El más reciente informe ‘Forensis’ de Medicina Legal, con datos del 2019, muestra que en Bogotá ese año hubo 1.169 hechos de violencia interpersonal contra migrantes venezolanos, situación que según expertos no ha cambiado mucho. Según las mismas cifras, ese año fueron asesinados 74 venezolanos en la capital. Estos hechos están relacionados con la dinámica propia de un proceso migratorio, según Ronald Rodríguez. Sin embargo, se debe evitar caer en expresiones y actitudes xenófobas que puedan terminar caldeando los ánimos y generar episodios como el que sufrió Gabriel.
FRASES DE XENOFOBIA
Por esta razón, los recientes comentarios de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, según los cuales entre los venezolanos hay “una minoría muy violenta vinculada al crimen” han sido rechazados por amplios y diversos sectores de la sociedad.
“La xenofobia existe en Bogotá y Colombia, hay una aceptación de lo políticamente correcto de la migración, pero cuando el ciudadano cierra la puerta de su casa se expresa en otras formas de la migración, lo hace anteponiendo el pero; ‘pero ellos se tienen que portar bien’, ‘pero tienen que trabajar y pagar impuestos’, esa ‘perorización’ de la migración es peligrosa y hay que luchar contra ella”, expresó Rodríguez. Inquieta que ya hay expresiones ciudadanas xenófobas, como los carteles que aparecieron la semana pasada invitando a aislar a estas personas.
EXCUSAS DE LA ALCALDESA
Consciente del impacto que generaron sus declaraciones, la alcaldesa Claudia López ofreció excusas. “Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío todos, no importa de dónde vengamos”, dijo López.
De hecho, su alcaldía les ha tendido la mano. Se creó el Centro Integral de Atención al Migrante, donde reciben atención y orientación, de acuerdo a sus necesidades. Además, recientemente, la alcaldesa explicó que se han invertido unos $ 50.000 millones para su atención en salud y se abrieron las puertas de los colegios públicos para al menos 45.000 niños y niñas.
Finalmente, de acuerdo con Hugo Acero, secretario de Seguridad, en los últimos tres años 11.800 venezolanos han sido capturados por diferentes delitos en la ciudad. En el año 2018, 2.800; en el 2019, 5.000 y en el 2020, 4.000. No obstante, del total de hurtos que se cometen en la ciudad, solo en un dos por ciento participan ciudadanos de ese país. Una razón menos para culparlos de la actual situación de inseguridad que está viviendo Bogotá.
◉ Para lectura completa pulse ➦Aquí
