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Hace 20 años, Estados Unidos convirtió a Colombia en su principal inversión en Sudamérica para garantizar su visión de la seguridad y de la economía en la región, y con la llegada del Gobierno de Joe Biden y la designación de Juan González, un estadounidense nacido en Colombia, como asesor de temas latinoamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad, todo indica que esa relación especial se mantendrá.
En una entrevista reciente con Infobae, González, quien ya había trabajado con Biden durante el Gobierno de Barack Obama, delineó las bases para la relación bilateral a partir de ahora: “Biden siempre ha hablado de que es hora de que los Estados Unidos alineen su política exterior con las prioridades domésticas del país. Y eso va a poner a Latinoamérica y el Caribe en una posición central para la política exterior. El presidente electo conoce muy bien Colombia, un aliado por décadas”.
Biden conoce muy bien la alianza con Colombia porque era miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuando se ratificó el Plan Colombia en el año 2000 y cuando se renovaron y ampliaron los fondos en los años posteriores.
EL APOYO FINANCIERO
Colombia llegó a convertirse en uno de los países del mundo que más dinero recibía de Estados Unidos, aún cuando la llamada guerra contra el terrorismo concentró la atención de la Casa Blanca en Medio Oriente, y esa continua inyección de millones de dólares no solo forjó la alianza, sino también la política del Estado colombiano.
La ya conocida guerra contra las drogas se combinó con la nueva lucha contra el terrorismo y, especialmente desde 2002 con la llegada al poder de Álvaro Uribe, el Gobierno colombiano se puso como objetivo principal combatir a las guerrillas entendidas como parte del crimen organizado, lo que abrió la puerta a todo tipo de crímenes y abusos: civiles asesinados y “disfrazados” como guerrilleros, la promoción de milicias paramilitares responsables por miles de muertos o desaparecidos, y ejecuciones extrajudiciales.
Justamente, el mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y grupos armados elevó días atrás a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008, el triple de lo que se creía.
Estados Unidos criticó estas violaciones a los derechos humanos, pero nunca activó realmente sus normas que prohíben la cooperación económica en casos de abusos tan grandes.
LA RELACIÓN CON TRUMP
En los últimos cuatro años del Gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca directamente abandonó esta política de cuestionamientos tibios cuando las denuncias de la oposición, las organizaciones de derechos humanos y la ONU sobre los constantes ataques y violaciones al acuerdo de paz de 2015 se acumulaban.
El presidente Iván Duque apoyó sin medias tintas a su par estadounidense, encabezó en la región su política de aislamiento al Gobierno venezolano y el año pasado selló un “nuevo Plan Colombia”, que por ahora parece más un rejunte de ayudas directas a la economía, salud e infraestructura, que un acuerdo pensado y estratégico como el anterior.
LA PROTECCIÓN MIGRATORIA PARA VENEZOLANOS
Biden no anunció aún qué hará con este nuevo plan anunciado, pero Duque ya demostró que entendió los nuevos aires que corren en Washington.
Este mes anunció que otorgará un status de protección temporal para los más de 1,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que llegaron al país en los últimos años, en sintonía con el pedido de Biden de virar de una política confrontativa y belicosa con el Gobierno de Nicolás Maduro a un mayor foco en la crisis humanitaria que forzó el mayor éxodo que haya visto la región.
Mientras el Gobierno de Biden celebraba el anuncio migratorio de Duque, el heterogéneo movimiento colombiano Defendamos la Paz -que reúne a académicos, periodistas, políticos, campesinos, defensores de derechos humanos y exintegrantes del equipo negociador de paz del Gobierno con la antigua guerrilla de las FARC- hizo un llamado público al flamante presidente estadounidense para que apoye el acuerdo de paz y presione a Duque para que lo cumpla.
“Queremos manifestarles nuestra esperanza de que este nuevo Gobierno fortalecerá el apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz, a la protección de la vida de los excombatientes y de quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la paz”, pidió la plataforma en una carta pública.
La relación especial entre Colombia y Estados Unidos, y su alineamiento en materia de seguridad y economía no está en duda; sin embargo, en Colombia aún no abandonan la esperanza de que Biden elija usar su influencia para forzar un giro en la política de paz del Gobierno de Duque.
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