EV COLOMBIA | RT
Varias empresas «turísticas» que operan desde Colombia prometen trasladar de manera irregular a ciudadanos venezolanos hasta Chile, lo que a juicio de las autoridades del país austral constituye «una especie de tráfico de migrantes».
La revelación surgió después de una investigación publicada por el portal chileno Bio Bio, en la que se detalla que las empresas ofrecen, a través de las redes sociales, viajes terrestres desde Venezuela hacia otros destinos de Suramérica, especialmente Chile, sin requerir ningún documento.
Esta semana, el subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, reconoció estar al tanto de la problemática y aseguró que el gobierno se encuentra monitoreando las redes sociales de estas «agencias fantasmas», que se dedican a estafar a las personas.
«Esto podría constituir el delito de tráfico, porque estas empresas, pese a que no lo dicen explícitamente, lo que están ofreciendo es traspasar con emigrantes la frontera ilegalmente.Lo que uno ve es que ofrecen un viaje desde los países de origen, incluso traspasando más de dos fronteras de distintos países latinoamericanos, cuando hoy están las fronteras cerradas», dijo.
¿CÓMO OPERAN?
Según la investigación periodística, el valor de los pasajes puede llegar a los 845 dólares y permite asegurar un asiento desde Caracas, capital de Venezuela, hasta Colchane, en la región de Tarapacá, en el extremo norte de Chile, donde algunos venezolanos quedan varados, mientras otros intentan seguir por su cuenta.
En entrevista con RT, la periodista chilena Marcela Cornejo destaca que el paso fronterizo de Chile ha sido un corredor de tráfico de personas y drogas durante décadas: «Es una realidad que no ha sido abordada por las autoridades del país. Así como durante años, a través de vuelos chárter al aeropuerto internacional de la capital ingresaron miles de ciudadanos provenientes de Haití, como parte de una red de tráfico de personas, a quienes se les pedía una alta suma de dinero», explica.
«Muchas de estas personas fueron abandonadas por los proveedores de este servicio y quedaron varados largos periodos en el propio aeropuerto, sin que las autoridades chilenas tomaran media alguna frente a este tema», recuerda Cornejo, quien cree que hoy la historia se repite, pero con ciudadanos venezolanos.
EL PAPEL DE COLOMBIA
Según Bío Bío, los venezolanos que deciden contratar el servicio solo pagan en Caracas «una reserva de 15 dólares» a la tasa de cambio establecida por el mercado paralelo, pero el pasaje completo se adquiere en las oficinas de estas agencias en Cúcuta, ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela.
Juan Carlos Tanus, director de la Asociación Civil Colombianos en Venezuela, afirma en entrevista con RT que las autoridades colombianas poseen pleno conocimiento de este tráfico inusual de personas. «En Cúcuta hay 71 empresas de transporte terrestre que han tenido que redoblar sus frecuencias para movilizar a migrantes y la Policía de carretera tiene claro conocimiento de esto».
En esta ciudad colombiana, los pasajeros son recibidos por parte del «equipo logístico» de la empresa, que les explica el «protocolo de seguridad» para este viaje, que arranca de Cucutá a Bogotá, y de Bogotá a Ipiales, frontera de Colombia con Ecuador.
«Hasta Ipiales son más o menos 1.450 kilómetros, es decir, pasan decenas de puestos de control», precisa Tanus, quien agrega que todas estas «empresas fantasmas» se constituyeron recientemente y bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la forma de organización más fácil y rápida de crear.
Tras llegar a suelo ecuatoriano, siguen a Perú, Bolivia, y finalmente Chile. En cada punto, los venezolanos son recibidos por «empleados» de estas agencias colombianas, que aparentemente manejan un nivel de información muy alto, lo que supondría que poseen amplias conexiones con actores en Chile.
«Ante la migración de venezolanos, se formó una estado de convivencia entre las agencias de viaje y las mafias de los pasos fronterizos. En muchos casos, estos grupos son custodiadas por la Policía Nacional de Colombia, que recibe su respectiva vacuna (cuota del dinero). No es novedoso, pero desde el 2015 se ha intensificado», asegura Tanus.
En contraste con esta situación, el activista recalca que el gobierno de Duque ha recibido casi 1.000 millones de dólares de EE.UU., la Unión Europea y el Banco Mundial para atender a la migración venezolana, pero «ningún venezolano ha recibido nada y a finales del 2020 Colombia le exigió aún más dinero a la comunidad internacional».
CHILE ESTÁ AL TANTO
Tras el revuelo que generó la publicación del reportaje del medio chileno, el subsecretario del Interior de Chile declaró que ya las autoridades tenían»antecedentes de la existencia de empresas de transporte que, ya sea a través del engaño o simplemente del cobro, realizan este tipo de negocios que constituyen una especie de tráfico de migrantes».
Según Galli, la subsecretaría del Interior de Chile junto a la Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones está trabajando el tema, pero admitió que «es muy difícil» contener el ingreso clandestino al territorio chileno, especialmente «en la región de Tarapacá, donde la frontera es porosa y las planicies son extensísimas».
POLÉMICA LEY DE MIGRACIÓN
Este tema sale a la luz justo cuando Chile discute una nueva Ley de Migración que busca favorecer a los migrantes que han ingresado de manera regular a ese país, pero deja por fuera a quienes entraron por pasos no autorizados, lo que ha generado polémica y el rechazo de los sectores de la izquierda en ese país.
Para Cornejo, la resistencia de los sectores progresistas de Chile a la ley, así como la impugnación de varios de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, «es un duro revés al intento del gobierno de Piñera de criminalizar aún más la situación de los miles de migrantes que se encuentran en el país en situación irregular».
La especialista considera que por esa razón fue vetado el artículo 135, que establecía que los migrantes irregulares debían abandonar el país en 72 horas.
Gracias a ese freno, el plazo para dejar el territorio chileno se amplía a seis meses, tras lo cual las personas expulsadas tienen la posibilidad de solicitar las visas de residencia temporal desde algún consulado, ya que el trámite no se podrá realizar si el solicitante está dentro de Chile.
«La pandemia de covid-19 ha generado graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes, ya que el Estado chileno no les garantiza ninguna forma de subsistencia, ni les ha entregado herramientas que les permitan regularizar su situación. Las medidas solo han sido la criminalización a través de los medios y la Ley de Migración, que nos es más que la legalización de un sistema de expulsiones masivas y regladas», agrega.
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