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Era la medianoche del 6 de diciembre, cuando en el puerto de Güiria empezó la nueva tragedia de la crisis humanitaria en Venezuela. Desde allí partieron esa noche hacia Trinidad y Tobago tres botes de pescadores, llamados “peñeros”, abarrotados de niños, mujeres y hombres, huyendo del flagelo del hambre.
“Lamentamos la muerte de por lo menos 34 refugiados venezolanos, entre ellos 10 personas familiares y cercanas a nuestro equipo de trabajo para la Asamblea Nacional de Venezuela”, revela a DW Marco Pavodani, diputado por el estado de Sucre, en el cual se encuentra Güiria, el puerto sobre el Golfo de Paria, que queda a unos 80 kilómetros de Port of Spain, la capital del Estado isla de Trinidad y Tobago. Entre los muertos se encuentran antiguos sindicalistas y líderes comunitarios venezolanos.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DEL REFUGIADO
Padovani, diputado de la coalición política Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que participó en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y es “defensora del proyecto chavista originario”, rechaza la conducta de las autoridades de Trinidad y Tobago y denuncia el incumplimiento de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. El parlamentario Padovani va más allá: “Trinidad y Tobago viola flagrantemente el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas sobre los refugiados que prohíbe su expulsión y devolución. En efecto, este estipula que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Pero en Port of Spain, la capital de Trinidad y Tobago, no parecen escuchar tampoco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 24 de noviembre pasado expresó su “preocupación” tras la desaparición de más de un centenar de migrantes o refugiados venezolanos en solo un año. La CIDH exhortó a Trinidad y Tobago a “garantizar el ingreso” de venezolanos “que buscan protección internacional por razones humanitarias”. En noviembre,19 niños que estaban a punto de atender una diligencia jurídica para legalizar su estadía “fueron metidos en un bote y lanzados al mar”. Los niños fueron declarados desaparecidos, pero días más tarde fueron encontrados en una playa.
“SALVAJISMO ESTATAL” CONTRA LOS REFUGIADOS
“Lanzar al mar a los venezolanos que buscan refugio en Trinidad y Tobago es un salvajismo”, dice, por su parte, a DW el también parlamentario Carlos Valero, presidente de la subcomisión de la Asamblea Nacional que investiga las desapariciones entre Venezuela y Trinidad Tobago, en donde hay unos 40.000 venezolanos que han encontrado refugio. Valero cree que el Gobierno de Trinidad y Tobago ha llegado a acuerdos con el régimen de Nicolás Maduro, a expensas de los venezolanos que huyen a ese país.
Según Valero, “cada día 800 venezolanos abandonan su país hacia todos los puntos cardinales, aunque se carece de una cifra sobre los que salen por mar”, toda vez que no cruzan ningún punto fronterizo que los registre. Por lo que pide a la Unión Europea, de cuyos países Venezuela acogió a cientos de miles de refugiados en su tiempo, “apersonarse más de esta crisis humanitaria, que ya es una crisis de refugiados, vistos como enemigos tanto por Trinidad y Tobago como por el mismo régimen venezolano”, agrega el legislador.
Valero rechaza vehementemente la aseveración de que “la tragedia de los refugiados haya sido provocada por las sanciones contra el entorno de Nicolás Maduro, porque antes de las sanciones ya la economía había sido destruida. Y la principal razón por la que gente huye de Venezuela es el hambre no las sanciones”, subraya.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha lanzado la hipótesis de que los culpables de la tragedia son las mafias. ¿Cuánta influencia tienen las mafias de la trata de personas en la ruta Venezuela-Trinidad y Tobago? “Las mafias en Venezuela son una consecuencia de la crisis, y estas se alimentan de la desinstitucionalización”, dice Valero a DW, y agrega que en Güiria nadie puede obtener combustible sin que lo provean las autoridades”.
Aranza, hermana de Maroly Bastardo, quien murió con su familia en un naufragio el 3 de junio de 2019, rumbo a Trinidad y Tobago.
RESPONSABILIDAD, MAFIAS Y DUDAS
La responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la tragedia de los refugiados en el Caribe es negada por el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, quien aprovechó para anunciar la detención de un supuesto culpable: Luis Alí Martínez, propietario de la embarcación “Mis recuerdos”, que naufragó frente a las costas de Venezuela con todos los refugiados de los tres botes, de los cuales las autoridades trinitarias devolvieron en uno solo.
“Ahora, desde el 6 de diciembre han reflotado 34 cuerpos, algunos aún sin identificar”, confirma a DW Padovani. La acusación de Tarek Saab es rechazada por el representante del estado de Sucre: “Luis Alí Martínez (dueño del bote siniestrado) no era un comerciante de personas: la prueba de ello es que él mismo perdió en ese naufragio a su esposa, hijos y nietos”. Por su parte, Valero insiste en que “la culpa de la tragedia es del gobierno de Trinidad y Tobago que hizo esta salvajada”.
POSIBLES CRÍMIMENES DE LESA HUMANIDAD
Por último, el legislador Marco Padovani hace un llamado a la comunidad internacional a abrir una investigación para establecer la responsabilidad en posibles crímenes de lesa humanidad que van más allá del rechazo a los refugiados en una frontera. “Familiares de varias de las personas fallecidas reportan que sus seres queridos habían sido desmembrados y tenían disparos en distintas partes del cuerpo”. ¿Quién y por qué los habría matado antes para, acto seguido, simular un naufragio? Nadie lo sabe aún.
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