EL VENEZOLANO COLOMBIA | RAZÓN PÚBLICA
Tres razones por las que sí hay que revisar la relación entre migración venezolana y seguridad en Colombia.
EL PROBLEMA DE RESPONSABILIZAR A LOS MIGRANTES
Varios medios de comunicación, políticos y la opinión pública han hecho alusiones a la responsabilidad de las personas migrantes en el deterioro reciente de las condiciones de seguridad en el país. Esto tiene dos problemas:
- Muchas de estas afirmaciones se hacen sin evidencias concluyentes sobre esa responsabilidad.
- Se omite o se resta importancia al aumento de la discriminación y la violencia contra las personas migrantes.
Para una conversación seria sobre el vínculo entre migración e inseguridad en Colombia es necesario que se atienda el segundo punto, que sí cuenta con evidencias que lo respaldan.
Una forma de identificar los repuntes en las expresiones de xenofobia hacia personas venezolanas es hacer un seguimiento de cómo se habla de migración en internet, tanto en redes como en los medios de comunicación.
Ese es el propósito del Barómetro de Xenofobia, creado en el marco de una alianza entre la Corporación Otraparte y su proyecto El Derecho a No Obedecer, la Fundación Interpreta y el Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado con el apoyo de la Friederich Ebert Stiftung FESCOL y Save the Children.
El Barómetro de Xenofobia ha mostrado la ausencia de una reflexión pública y juiciosa sobre las condiciones de riesgo y las violencias de las que son víctimas las personas migrantes. Hay por lo menos tres asuntos que las autoridades, los medios de comunicación, los centros de pensamiento y las organizaciones de interés deberían revisar más de cerca.
LA DISCRIMINACIÓN CONTRA MIGRANTES FOMENTA LA XENOFOBIA Y LA VIOLENCIA
La Corte Constitucional ha señalado que los actos discriminatorios tienen como consecuencia violaciones a derechos fundamentales. Y, de hecho, son delitos sancionables: la Ley 1482 de 2011 establece multas y penas de prisión a quienes arbitrariamente:
- Impidan el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de nacionalidad; o que
- promuevan actos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona o grupo de personas por razón de su nacionalidad.
A pesar de esta regulación, el éxodo masivo de personas de origen venezolano ha venido acompañado de manifestaciones xenófobas y ataques verbales y físicos hacia esta población, entre otras conductas discriminatorias.
Según una encuesta contratada por Migración Venezuela, el 40% de las personas de origen venezolano se han sentido discriminadas alguna vez. Los actos de discriminación se manifiestan a través de comentarios despectivos, limitaciones en el acceso a bienes y servicios, por llamados explícitos a la violencia contra migrantes a través de las redes sociales o, incluso, por ataques violentos e indiscriminados fundados en odio y rechazo.
El Barómetro de Xenofobia encontró que entre el 1 enero y el 13 de noviembre de este año, el 20% de los mensajes en línea sobre migración a nivel nacional tienen un tono xenófobo o discriminatorio. Además, del total de los mensajes sobre migración, el 45% relacionaron el tema con la seguridad, mientras solo el 14% de ellos habló de salud y apenas un 7% de trabajo.
También se encontró que, a medida que aumentan los mensajes que asocian a los migrantes con un hecho de seguridad también suelen aumentar los mensajes con contenido xenófobo o discriminatorio. El gráfico 1 muestra la evolución de la conversación de seguridad y xenofobia desde el mes de Julio.
En julio, por ejemplo, el evento que causó mayor volumen de conversación a nivel nacional fue un enfrentamiento entre un policía y dos migrantes venezolanos en Tocancipá.
La conversación sobre este evento provocó un aumento del 90% en el volumen de mensajes sobre migración con respecto a la semana anterior. Los dos días posteriores al evento, las frases más utilizadas en Colombia en las conversaciones sobre migración fueron “Venecos hptas” y “dispararon a los venecos”. Parte de las conversaciones hacían un llamado a legitimar la violencia indiscriminada contra los migrantes como lo demuestra el siguiente caso:
El mensaje errado y peligroso de que todo está permitido contra la población venezolana no sólo se queda en la web. Hay que recordar que en enero de 2018 hubo protestas y cierres en las vías de Cúcuta por parte de la población local por la llegada masiva de venezolanos y que se lanzaron bombas incendiarias a un campamento transitorio de 900 personas provenientes de Venezuela.
Otro caso ocurrió en junio de 2020, cuando, a plena luz del día, un grupo de hombres ingresó al campamento improvisado que estaba ubicado en el separador de la autopista norte en Bogotá y atacó con armas blancas a tres personas de origen venezolano, dejando a una de las víctimas con heridas considerables.
Los testigos oyeron a los atacantes usar la frase “para que se larguen de una vez”. Estos y otros ataques violentos e indiscriminados que han ocurrido en los últimos dos años indicarían que la xenofobia no es algo que se pueda subestimar.
AUMENTA LA VIOLENCIA CONTRA MIGRANTES
En línea con lo anterior, las estadísticas muestran un aumento en el registro de diferentes formas de violencia contra personas migrantes venezolanas. Las muertes violentas de los venezolanos han crecido de forma sostenida entre 2017 y 2020.
Según Medicina Legal, en septiembre de 2020 se habían reportado 201 asesinatos, de los cuales un 40% corresponde a homicidios con arma de fuego, un 20% a homicidios con arma blanca, un 28% a muertes violentas por otras causas y un 10% a homicidios por riñas.
Además, la Fundación Ideas Para la Paz reportó que en 2018 aumentó en un 130% la tasa de lesiones personales a venezolanos y en un 110% la tasa de hurto a esta población migrante.
Y en Bogotá, donde se concentra gran parte de la población migrante venezolana, el 40% de la población consultada manifestó haber sido víctima de robos, el 6,67% fue víctima de acoso sexual y casi el 50% fue objeto de amenazas o intimidaciones por su nacionalidad. Esto, según un informe de la Personería y el ACNUR.
Es posible que el problema sea aún mayor de lo que muestran las cifras. Muchos de los crímenes que se comenten contra migrantes no son registrados, porque muchos desconocen sus derechos o temen ser deportados automáticamente si denuncian cualquier hecho ante las autoridades.
El resultado es que la mayoría de estos hechos quedan impunes. El sistema colombiano está desbordado y es lento para investigar y judicializar cualquier delito. Pero las personas migrantes tienen un acceso aún más limitado a la justicia, no solo por el temor a denunciar, sino por las trabas que se les impone por su estatus migratorio.
EL CONFLICTO AFECTA A LA POBLACIÓN MIGRANTE
En medio de la persistencia del conflicto armado colombiano y el aumento de asesinatos de líderes, hay pocos estudios a profundidad sobre la manera como la población migrante─en su mayoría personas de origen venezolano─sufren violencias y abusos por parte de grupos al margen de la ley.
Por ejemplo, cuando las personas migrantes ingresan por trochas o vías no autorizadas, se enfrentan a grupos armados que tienen influencia en los corredores fronterizos con Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá.
Hay alertas de autoridades y organizaciones sobre la tendencia de estos grupos armados al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes migrantes. Incluso los adultos son forzados a adelantar tareas militares y de inteligencia, labores logísticas, prestar compañía y servicios sexuales e incluso adelantar trabajos como el raspado de coca y el contrabando, a través de la coacción, engaños y amenazas.
De hecho, estos mismos grupos tendrían un porcentaje de ganancia directo en las actividades de trata y tráfico de migrantes a través de las fronteras.
Adicionalmente, los reacomodos y disputas entre grupos como el ELN, el Clan del Golfo, el EPL, múltiples disidencias de las FARC, y estructuras como la Constru, producen otros riesgos para la población migrante, como homicidios, reclutamiento, secuestros y desplazamientos forzados.
Poco se habla de que parte de las víctimas fatales de las masacres ocurridas este año han sido personas venezolanas. Por ejemplo, el 21 de agosto en Arauca, en el municipio de El Caracol, tres de los cinco hombres asesinados por parte de grupos armados eran venezolanos. Igualmente, en la masacre del 25 de agosto en el municipio de Abrego, Norte de Santander, una de las tres víctimas era una persona de origen venezolano. Y en la masacre del 8 de septiembre en Aguachica, César las tres víctimas (dos mujeres y un hombre) eran de origen venezolano.
A esto se suma el desconocimiento —tanto de los migrantes como de numerosos funcionarios— sobre el derecho que tiene cualquier persona, sin importar su nacionalidad, a ser reconocida como víctima del conflicto armado y a acceder a las rutas disponibles en materia de reparación y restablecimiento de derechos, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.
TAREAS PENDIENTES
Favorecer una migración ordenada, regular y segura hace parte de la agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Para cumplir con esa meta, es necesario que el gobierno se aparte del enfoque securitista, que criminaliza a quienes no tienen documentación y adopte una estrategia pragmática. La regularización puede ser una forma de saber quién está en el territorio, al tiempo que se reducen los riesgos asociados a la carencia de documentación.
También es hora de crear una instancia del gobierno que se encargue de hacer un diagnóstico unificado de las vulneraciones que sufren los migrantes y refugiados dentro y fuera del conflicto armado y definir una política clara para prevenirlas. Colombia no sólo es el principal receptor de personas de origen venezolano, también es un espacio clave en el proceso de tránsito y permanencia de personas provenientes de Cuba, Haití, Latinoamérica e incluso de otros continentes. De esta manera, Colombia tiene el reto de reconocer y responder a los riesgos y vulneraciones que sufre cualquier extranjero en el territorio nacional.
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