EL VENEZOLANO COLOMBIA | EJUTV
Bolivia es el único país en el que he estado ilegal porque es demasiado costoso regularizarse en comparación a todos los demás, declara Kelly Aza, una joven venezolana que lleva viviendo en Santa Cruz dos de sus 27 años.
Las palabras de Kelly son un reflejo ilustrativo del principal escollo al que se enfrentan miles de los venezolanos que viven dentro de nuestras fronteras. Muchos llegaron sin saber que éste sería su destino final. Y lo hicieron con las manos casi vacías, con el único afán de forjar una nueva vida en tierra extraña.
Alrededor de 10.000 venezolanos, entre refugiados y migrantes, residen en Bolivia, que se ha convertido en un nuevo destino para quienes escapan de la crisis política, económica y social que vive el país caribeño, según señaló en mayo pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) en el informe Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia.
En su mayoría ingresaron a Bolivia con visa de turista, la cual les permite permanecer en el país por un tiempo de 30 días, prorrogable hasta 90. Pasado ese periodo tienen que presentar una solicitud de permanencia. De lo contrario, Migración los multa con 28 bolivianos por cada jornada de irregularidad.
Para acceder a un permiso de permanencia temporal por trabajo de un año tenía que sacarme, entre otros, el certificado médico emitido por el INSO, los certificados policiales y pagar más de 300 dólares (2.250 bolivianos, aproximadamente), relata Kelly.
Dentro de esa categoría, el trámite migratorio al que aspiraba Kelly es el más barato, pues también están las permanencias temporales por trabajo de dos y tres años -tiempo máximo de autorización-, que tienen un costo aproximado de 2.960 y 3.660 bolivianos, respectivamente, (sin tomar en cuenta el dinero a pagar por cada uno de los requisitos exigidos para realizar el trámite); la Dirección General de Migración (Digemig) también emite permisos temporales por familia y por objeto determinado.
Para Kelly, como para muchos otros, pretender conseguir alguna de esas sumas de dinero cuando se llega con lo mínimo vital es imposible, y más considerando que su autorización de ingreso la declara como turista, lo cual significa que tiene prohibido trabajar.
En tres meses se me hizo imposible reunir no solo esa cantidad, sino la plata que además debía pagar para cada trámite, por lo que quedé totalmente ilegal, agrega quien ahora arrastra consigo una multa de miles de bolivianos que cada día que pasa ve más lejos de poder costear.
Además, las personas migrantes que logran obtener cualquier tipo de permanencia en Bolivia deben tramitar en el plazo de 25 días desde la concesión de la residencia su cédula de identidad de extranjero ante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). El costo de esta obligación es de 600 bolivianos.
El alto precio de la legalidad
Algo que denuncian permanentemente los extranjeros que llegan a Bolivia son las dificultades que tienen -por costo y burocracia- para sacar sus papeles de residencia y trabajo. Además, los venezolanos que han estado en otros países, como Kelly, aseveran que las permanencias son más caras que en el resto de la región.
Ella salió de Venezuela en 2016 y antes de llegar acá vivió un año en Bogotá (Colombia) y otro en Guayaquil (Ecuador): En Colombia me dieron el Permiso Especial de Permanencia, que es totalmente gratuito y muy fácil de sacar. Con ese permiso yo pude estar legal y tener acceso a la salud y al trabajo. En Ecuador también entré de manera regular y solicité la visa, que eran más de 300 dólares, pero que podía pagarlos en dos años.
Por su parte, el abogado Gustavo Luna corrobora lo dicho por Kelly: Las permanencias normales son muchísimo más caras que en otros países latinoamericanos. Y agrega: Ese es un motivo por el cual muchos no se regularizan, teniendo que enfrentarse luego a multas que también son extremadamente caras por permanencia irregular.
En Bolivia, a diferencia de lo que sucede en otros países, no es posible fraccionar las multas y pagarlas a plazo, lo que complica aún más la regularización de estas personas. La imposibilidad de cumplir con la multa debido a la situación de vulnerabilidad en la que la mayoría de ellos son empujados a vivir deriva, en muchos casos, en la expulsión del ciudadano extranjero, asevera Luna.
El pasado 1 de junio el gobierno dispuso la condonación de multas (dando un plazo de 20 días para presentar la disposición) para aquellos extranjeros que se hubieran visto afectados por la suspensión de actividades de la Digemic a nivel nacional debido a la pandemia de la Covid-19. Asimismo, dispuso la posibilidad de conseguir una prórroga en los trámites de permanencia o de nacionalidad boliviana.
Una historia que se repite
Hernán regresó a Bolivia hace más de un año. La primera vez que llegó al país fue en 2016 y por ese entonces pudo residir legalmente en La Paz gracias a una permanencia temporal por trabajo de dos años que le costeó la empresa hotelera que lo contrató.
Pasado ese tiempo me surgió una oportunidad de trabajo en Perú. Teniendo en cuenta que la renovación ya no corría por parte de la empresa y que yo estoy con mi esposa y mis tres niños, la acepté porque acá me era imposible económicamente cubrir una visa familiar, explica Hernán desde Santa Cruz.
Allá en Perú saqué un Permiso Temporal de Permanencia por un año y pagué menos de 100 dólares incluyendo todos los trámites, comenta.
Luego de Perú se fue a Costa Rica y de ahí volvió a Bolivia, donde le ofrecieron otro empleo, aunque esta vez los gastos de la visa debían correr a cuenta de él: Cuando logré reunir todos los requisitos y el dinero, unos 600 dólares, ya era tarde, ya estaba con multa y no me facilitaron la posibilidad de pagarla en partes, lamenta Hernán.
De ahí llegó el coronavirus y tuve que gastarme el dinero de la visa. De paso se me vencieron todos los papeles, los antecedentes penales, etc., y tengo que volverlos a sacar, añade con preocupación. A raíz de la pandemia, Hernán perdió su empleo y emprendió un negocio de comida venezolana con el que se están sustentando diariamente él y su familia, situación económica que le dificulta reunir el dinero de la multa -que se eleva cada día más- y la visa.
Otro caso es el de Rumy, quien llegó a Tarija hace ya casi diez meses luego de residir legalmente en Perú donde, al igual que Hernán, se benefició con un Permiso Temporal de Permanencia de un año que le resultó muy asequible y muy fácil de sacar en comparación a los costos y la burocracia que le exige Bolivia.
Junto a mi esposo fuimos a pasar Navidad a Argentina, donde terminamos quedándonos unos meses y luego retornamos a Bolivia como turistas ( ) Mi estadía en Bolivia vencía el 12 de abril y luego comenzó la cuarentena y se cerraron las fronteras. Como sacar nuestros papeles es algo costoso, lo que queremos es pedir refugio, explica Rumy aún sin saber si cumple o no con los requisitos exigidos para solicitar ese estatus.
Solicitudes de refugio
En diciembre del año pasado, el gobierno de Jeanine Áñez aceptó retomar las solicitudes de refugio de ciudadanos venezolanos tras estar paralizadas durante la gestión del expresidente Evo Morales.
Hemos acordado que Bolivia va a aceptar la solicitud de refugio de 200 ciudadanos venezolanos que se han fugado de su país por razones de orden político, de persecución política promovida por el gobierno de Nicolás Maduro ( ) Con la ayuda económica y logística del Acnur vamos a proceder a iniciar el trámite de reconocimiento y otorgación del estatus de refugiados, manifestó en aquella ocasión la canciller boliviana, Karen Longaric.
Según datos de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), a los que hace mención la OEA en su informe Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia, hasta el mes de mayo había 57 venezolanos en Bolivia con estatus de refugiado. Los venezolanos han sido los principales solicitantes de refugio desde 2018, año en que se presentaron 334 solicitudes, mientras que en 2019 la cifra fue de 408. Entre enero y febrero de 2020, 182 venezolanos presentaron sus solicitudes de refugio, un número destinado a aumentar.
Flexibilizan trámites para niños venezolanos
Bajo la resolución 148/2020, que entró en vigencia el pasado 11 de agosto, los menores venezolanos que están en Bolivia pueden regularizar gratis su situación migratoria, ya que muchos carecen de cualquier documento que los identifique.
El objetivo de esta resolución, emitida por la Dirección General de Migración (Digemig), es el reconocimiento de la identidad de los menores de nacionalidad venezolana que están en situación de calle y tienen su documentación vencida, mediante la presentación de documentos supletorios, como una fotocopia simple de su certificado de nacimiento o el documento vencido para evitar así que puedan ser víctimas de trata y tráfico y preservar la unidad familiar.
Se estima que unos 3.000 venezolanos están en situación de calle en Bolivia, muchos de los cuales son menores de edad que carecen de documentos o bien están vencidos debido a las dificultades para obtenerlos en su país y por la ausencia de consulados venezolanos que les resuelvan.
Bolivia anteriormente ya adoptó otras resoluciones en favor de nacionales de este país, como una en enero de este año para facilitar el ingreso de niños y adolescentes venezolanos indocumentados, para preservar la unidad de las familias y evitar que estén expuestos a situaciones de riesgo.
En poco más de una década, Bolivia ha dejado de ser solo un país de tránsito y se ha convertido en un destino para los migrantes que escapan de la crisis en Venezuela y han abandonado además otras naciones como Colombia, Ecuador y Perú. A falta de un registro oficial, la Organización de los Estados Americanos (OEA) calculó que hasta mayo había cerca de 10.000 personas de dicha nacionalidad en el país.
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se han convertido en las ciudades con mayor número de venezolanos, puntualiza el informe Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia de la Organización de Estados Americanos (OEA) que además precisa que las personas que llegan lo hacen en condiciones de vulnerabilidad.
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