Llegaron a decir, que el mejor ministro de Hacienda que había tenido Panamá había sido Hugo Chávez Frías, el paracaidista que llegó a la presidencia de Venezuela. La razón: por la cantidad de gente con dinero que buscó refugio en Panamá para evitar la ola de arbitrariedades y locuras que a diario se cometían contra los que tenían algo. En esa ola de nuevos inversionistas foráneos que llegaron de la tierra de Bolívar, se colaron muchos nuevos ricos de la revolución chavista, civiles y militares, que encontraron en tierra istmeña buenos socios que les abrieron las puertas en bancos y negocios del patio.
Esa relación del chavismo con nuestras autoridades la detallo en mi nuevo libro Luchar sin Permiso –a presentarse cuando la pandemia lo permita- en hecho ocurrido durante el gobierno de Martín Torrijos. Su Canciller era Samuel Lewis Navarro y la procuradora Ana Matilde Gómez. Chávez era tan amigo de los de acá, que le pidió a Torrijos que nombrara como embajador de Panamá en Venezuela a su compañero de clase, el comisionado José Gómez. Si bien no se hizo ese nombramiento, Torrijos designó a Gómez como jefe del Servicio de Protección Institucional (SPI), donde de inmediato se uniformaron a sus unidades con la típica boina roja chavista.
El banquero Eligio Cedeño tenía como socio a Gustavo Arraiz Manrique, antiguo novio de María Gabriela Chávez, una de las hijas del dictador. A Cedeño al presentarse voluntariamente donde lo investigaban, lo detienen en 2008 por supuestas irregularidades fiscales que no conllevaban pena de cárcel; se presentía que su prisión estaba relacionada con su exsocio Arraiz, que se había ido a vivir a México. Cuando le tocó a Cedeño ir a audiencia a comprobar su inocencia, y apoyado por un dictamen de las Naciones Unidas sobre su ilegal detención, la juez María Lourdes Affiuni, en 2009, decidió en derecho otorgarle su libertad.
Cedeño, consciente de la trama que se urdía en su contra, buscó refugio en Estados Unidos. Al día después de la liberación del banquero, Hugo Chávez, en cadena nacional, pidió 30 años de prisión para la juez, para que los sumisos tribunales dominados por el tirano la sentenciaran.
En febrero de 2007, Gustavo Arraiz decidió volver a Venezuela e hizo escala en Panamá. A petición de las autoridades venezolanas, sin que mediara ninguna orden de extradición, luego de retenerlo ilegalmente por varias horas en el Sistema Transitorio de la antigua Polícia Técnica Judicial (PTJ), fue enviado arbitrariamente a Caracas, donde estuvo preso por cinco años, gracias al diligente apoyo que Torrijos le brindó al vengativo Chávez. Ese apoyo de Torrijos ha continuado con el insípido y colaboracionista soporte que le ha dado a Maduro en la crisis de Venezuela, junto al español Rodríguez Zapatero, ya implicado en los líos de dineros venezolanos al comprobarse que su embajador en Venezuela, Raúl Morodo, recibió varios millones de PDVSA.
Siempre se ha sostenido que Panamá ha sido uno de los centros de actividades de los dineros ilícitos que los chavistas por miles de millones de dólares se han robado en su país. En ocasión de la detención en Haití del sobrino y del ahijado de Maduro en octubre de 2015, presenté denuncia ante el Ministerio Público por la veintena de sociedades anónimas que un vinculado a ellos, Tesorero de PDVSA, tenía inscritas en Panamá.
Igualmente denuncié para que se investigara si Diosdado Cabello tenía millonarias cuentas en un banco venezolano que opera en Panamá. En uno de mis tantos artículos en este diario cuestioné como conocidos chavistas como Tarek El Aissami, acusado por narcotráfico en varios países, pudiera tener operando sin problemas sociedades en Panamá, al mismo tiempo que las autoridades se ensañaban contra empresarios panameños como Abdul Waked. A El Aissaimi, entonces vicepresidente de Venezuela, y a su socio Samark López, pedí que fueran investigados por lavado de dinero. Nunca logré que se moviera ninguna de mis denuncias.
Hoy está preso en Cabo Verde el “empresario colombo-libanés, convertido de la noche a la mañana en diplomático venezolano. Lo requiere la justicia de Estados Unidos por lavado de activos y otros delitos. Ya le han incautado 9 millones de dólares en su natal Colombia por delitos similares, donde lo vinculan a negocios que hizo durante el mandato de Juan Manuel Santos. Tiene vinculaciones en México, pero también en Panamá, donde deber haber más de uno temblando para que no se concrete su detención y extradición a los Estados Unidos y Saab cante en diferentes idiomas La Marsellesa.
¿Quiénes serán los socios de Saab en Panamá? ¿Serán los mismos que en Venezuela operan en negocios multimillonarios que deben tener el visto bueno de los grandes del chavismo? ¿Habrá donado Saab a políticos panameños? ¿Tendrán sus oficinas en Punta Pacífica cómo se dice? Sea lo que fuera, lo que pretendo es que Panamá no sirva de escenario propicio para el lavado de dinero de nadie y menos para venezolanos corruptos que, sin escrúpulos, sigan llevando al barranco al pueblo venezolano y corrompiendo autoridades extranjeras por donde mueven sus ilegales dineros.
