El régimen que actualmente ejerce el poder de facto en Venezuela ha hecho de ignorar la Constitución y las leyes, un hábito.
En la medida en que los resultados electorales le han sido desfavorables ha procedido, por la vía de facto, a crear situaciones que vayan a favor de sus propios intereses.
Así fue cuando hace años perdió la Alcaldía Metropolitana de Caracas, presto creó un gobierno paralelo, al que le asignó los recursos que no entregó a la legítima institución de orden constitucional. Esa praxis ha sido común en gobernaciones y alcaldías en las que el régimen no ha logrado triunfar con sus manipulaciones electorales.
Después, a través de su siempre dócil y obsecuente TSJ, anuló la tarjeta electoral de la entonces victoriosa MUD y procedió a inhabilitar partidos políticos y, en algunos casos, como el de Copei, procedió a crear vía ese mismo tribunal, directivas distintas a las legítimamente designadas por los militantes de ese partido político. Y como si eso no fuese suficiente, se inventó una argucia jurídica para anular la elección de los diputados vencedores en el estado Amazonas. En esta procesión de violaciones a la Constitución y las leyes, fue designada una Asamblea Nacional Constituyente hecha a la medida, es decir, integrada exclusivamente por militantes o afectos al régimen.
Ahora, ese mismo TSJ procedió a elegir a los nuevos miembros del CNE, ya que el régimen no estaba satisfecho con el procedimiento constitucional emprendido por la AN para designar a los integrantes del órgano comicial.
Siguiendo este ilegal camino, el TSJ reconoció como legítima a una AN integrada por disidentes de la oposición, a pesar de que esta nunca tuvo el quórum para ser electa.
Pero la historia no termina allí, ahora ese brazo judicial del ejecutivo del régimen procede, según las instrucciones recibidas, a designar como autoridades de los partidos políticos de oposición a aquellos que decidieron hacer confite con Maduro para permitirle que siga haciendo de las suyas, al margen de la Constitución y las leyes, pero sobre todo de la mínima moral pública.
Esas ignominiosas jugarretas pseudo jurídicas no les servirán de nada, ya que la comunidad internacional democrática no está dispuesta a reconocer ese tinglado fraudulento y, por lo tanto, continuarán las sanciones y se alejará aún más la solución pacífica y constitucional a nuestra crisis política.
