Tal como lo anunciaron las autoridades peruanas, un grupo de 131 venezolanos, detenidos en los últimos días por estar implicados en delitos en las ciudades de Lima y Huancayo, serán expulsados de Perú por haber ingresado al país de manera irregular.
El ministro peruano del Interior, Carlos Morán, supervisará en las próximas horas la expulsión de 131 venezolanos, la mayoría de ellos detenidos en un hotel de la playa Punta Negra, donde se desarticuló una banda que presuntamente asesinó a un peruano hace dos semanas en Lima.
Del grupo de detenidos en el operativo policial de Punta Negra serán expulsados 102 venezolanos (95 hombres y 7 mujeres) que eran investigados por la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía Nacional, informó el ministerio del Interior.
Otros 29 venezolanos (27 hombres y 2 mujeres) que serán expulsados fueron detenidos en la ciudad andina de Huancayo por situación migratoria irregular y estar implicados en hechos delictivos.
En el operativo de Punta Negra, la Policía realizó un seguimiento a este grupo en el marco de la investigación del asesinato de un empresario peruano, que estaba a punto de viajar a Estados Unidos, en un restaurante de comida rápida como un presunto caso de sicarios.
Igualmente, en los últimos meses, han sido denunciados diversos casos de violencia de género y delincuencia común en los que han estado involucrados venezolanos, en algunos casos con antecedentes policiales en su país.
A raíz de esta situación, el ministerio del Interior anunció, la semana pasada, la creación de una brigada policial para investigar y combatir los delitos cometidos por extranjeros en el país, a raíz de la detención de decenas de venezolanos en las últimas bandas desarticuladas en Lima.
«El Perú ha recibido a la migración extranjera con los brazos abiertos, con el espíritu americanista y de fraternidad que nos caracteriza», indicó Morán al hacer ese anuncio.
Sin embargo, «esos delincuentes extranjeros, esos venezolanos que han ingresado a delinquir, tienen solo dos caminos: irse del país o la cárcel», añadió el titular del Interior.
No obstante, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana no debe generar estigmatización ni discriminación contra la población migrante, a través de un comunicado de prensa.
«No dudamos que la creación de unidades policiales especializadas pueden constituir una medida efectiva en la lucha contra la criminalidad, pero delimitar como propósito de acción a los ciudadanos extranjeros vuelve objeto a estas personas de estereotipos que pueden estigmatizarlos y afectar gravemente sus derechos», expresó el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.
Los migrantes venezolanos en Perú superan los 860.000 en la actualidad y se concentran en las ciudades más grandes del país como Lima, Arequipa, Trujillo, entre otras, donde pueden hacer uso del Permiso Temporal de Permanencia creado por el gobierno para que residan legalmente por un año.
Al vencer la vigencia de ese permiso en 2019, el Ejecutivo peruano ha vuelto a pedir la visa a los venezolanos que desean ingresar a Perú huyendo de la crisis política y humanitaria en su país.
Con información de EFE
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