Hemos visto surgir en Colombia una visión caritativa hacia los migrantes, la cual ha promovido la movilización de organizaciones filantrópicas, fundaciones, clubes, y por supuesto las iglesias. Las prácticas caritativas están construyendo un imaginario colectivo sobre los migrantes venezolanos como receptores de ayuda, incluyéndolos así en la categoría coloquial de “los más necesitados”.
Aunque los migrantes venezolanos son un grupo heterogéneo, ciertamente una buena proporción, en particular de los migrantes irregulares, tienen bajos ingresos. Sin embargo, la manera correcta de construir los imaginarios sociales de los migrantes no debería ser a través de la visión caritativa.
En las dos primeras definiciones que la RAE nos ofrece de la palabra “caridad” está involucrado el cristianismo, para el cual es “virtud teologal”. La caridad es algo, a través de lo cual, alguien, por gracia de sus obras, se hace virtuoso, y que se ejerce hacia otro en una condición necesariamente asimétrica (un pobre, un enfermo, un “pecador”), por lo mismo es mayoritariamente unidireccional y no suele reconocer que hay algo que se pueda recibir o construir junto con ese otro.
La práctica de la caridad suele ser una experiencia emocional, gratificante para el que otorga, así como útil para la reducción de impuestos, y para conseguir votos, feligreses y prestigio social. El problema con la caridad es que puede generar un estereotipo negativo del migrante como un receptor desvalido, pobre y necesitado, pero sobre todo pasivo, y reforzar así la xenofobia asociada a los prejuicios de clase.
En contraste con la caridad, la solidaridad tiene un origen secular. Bajo este principio, no es una virtud asistir a los necesitados, sino una obligación ética y civil de todos, en reconocimiento de sus derechos humanos.
La solidaridad invita a tratar al otro simétricamente, reconociendo sus capacidades y responsabilidades. La solidaridad está en el corazón del acuerdo social de las constituciones modernas, como la nuestra, y en la mayor parte de nuestra política social.
Como principio propende por soluciones institucionales de mediano y largo plazo, que no dependan de la voluntad de la donación de señoras y señoras, o de las obras sociales de las iglesias, ya que claramente la caridad no es una respuesta sostenible, eficiente ni digna a las necesidades de los migrantes.
Es más importante abogar por los derechos humanos de los migrantes, y fortalecer las instituciones para garantizarlos, más que sólo limitarse a organizar donaciones, que frivolizan e infantilizan a los migrantes como receptores, y no realmente como nuestros iguales. La respuesta al fenómeno migratorio no es la “virtud” de la caridad, sino nuestra obligación ética y constitucional de proteger los derechos de los migrantes, a través de su integración económica y social.
Fuente: El Heraldo
