«Esos venezolanos y venezolanas que han ingresado a delinquir tienen solo dos caminos: irse del país o la cárcel».
Con estas palabras, el ministro del Interior de Perú, Carlos Morán, anunció la «brigada especial contra migración delictiva» en la policía peruana.
Eso, a pesar de que los delitos cometidos por extranjeros en Perú suman menos del 2%, según cifras de 2019 del Ministerio del Interior difundidas por medios peruanos.
Aunque algunos medios y funcionarios peruanos criticaron el anuncio y lo calificaron como una medida que incentiva la xenofobia, representantes de la comunidad venezolana en Perú expresaron respeto y cierta preocupación.
OPERACIÓN HOTEL ROJO
El anuncio de la creación de la brigada llega cerca de una semana después de que la Policía peruana detuviera a 124 personas en el hotel «Rojo», ubicado en Punta Negra, un balneario del sur de Lima.
De los detenidos, 114 eran venezolanos. El resto eran colombianos y peruanos.
Según la policía, el hotel era «usado como búnker para planear atracos».
Los agentes incautaron 10 armas de fuego, municiones y droga.
El coronel que dirigió esta operación, Víctor Revoredo, estará al mando de la brigada contra la «migración delictiva», dijo el ministro Morán.
Según las autoridades migratorias peruanas, hay más de 860.000 venezolanos en Perú.
Pero de las más de 730.000 denuncias de delitos recibidas en 2019, solo el 1,8% involucra a venezolanos, informan medios peruanos.
Sin embargo, estos casos producen gran eco en redes sociales y en la prensa peruana.
«Perú ha recibido a esta migración extranjera con los brazos abiertos, con el espíritu americanista y de fraternidad de que nos caracteriza, pero esos delincuentes extranjeros se atreven a enfrentarse con la policía», señala el ministro Morán.
Este grupo va a enfocarse «en combatir el tráfico de drogas, el sicariato, el secuestro extorsivo, el cobro de cupos y los delitos violentos que cometen ciudadanos extranjeros», detalla el funcionario.
RESPALDO Y PREOCUPACIÓN VENEZOLANA
Carlos Scull, embajador venezolano en Perú nombrado por Juan Guaidó, dijo en Twitter que respetaba la decisión, pero manifestó preocupación por el efecto en los medios y la xenofobia.
«Apoyaremos siempre toda iniciativa […] que contribuya a identificar a delincuentes y desmantelar organizaciones criminales trasnacionales», escribió.
«Sin embargo vemos con preocupación el impacto mediático de esta medida y solicitamos respetuosamente adoptar la medidas correspondientes para evitar xenofobia y discriminación así como [que] se garantice el debido proceso y el respeto a los derechos humanos», añadió.
Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, el dijo a BBC Mundo que respetaba la decisión del gobierno peruano.
«Vamos a respaldar todas aquellas iniciativas que se puedan llevar adelante, que procuren garantizar la paz de los peruanos, pero también de nosotros, que también queremos vivir en paz», señaló.
Pérez también recordó las cifras que muestran que los inmigrantes venezolanos participaron en menos de 1,8% de los delitos denunciados en 2019.
Por su parte, Gisella Navarrete, del grupo «Venezolanos e hijos de peruanos», dijo a BBC Mundo que sus compatriotas son «conscientes de que si uno comete un delito, tiene que pagar por ello, no importa la nacionalidad».
Luis Iberico, miembro de la Comisión Permanente del Congreso (organismo de transición mientras se instala el nuevo Congreso), opinó que la policía debería trabajar «de manera prudente, silenciosa, sin aspavientos, sin muchas cámaras».
«De lo contrario… hay que tener mucho cuidado con el manejo mediático, porque ahí podemos empezar a incentivar la xenofobia, y eso es lo que tenemos que evitar», dijo a medios peruanos.
El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía de Perú, dijo a medios que la brigada se trata de una medida mediática que no soluciona nada.
Con información de BBC Mundo
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