La severa crisis de carácter política, social, pero
principalmente económica que atraviesa Venezuela desde el año 2014, con una
hiperinflación sin precedentes, altos índices de escasez de alimentos y
medicamentos, la vertiginosa pauperización de las condiciones de vida, la
pérdida de beneficios laborales, la pulverización de los salarios de la clase
trabajadora, la desaparición de la capacidad de consumo de la población, el
incremento en el número de personas subalimentadas, así como el progresivo
colapso de los servicios públicos.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cantidad
de refugiados y migrantes de Venezuela ha alcanzado los 4.626.968 millones al 5
de noviembre de 2019, convirtiéndose en uno de los grupos de poblaciones
desplazadas más grandes del mundo en la actualidad.
De la totalidad de
estos migrantes, 1.488.373 se encuentran en territorio colombiano al 30 de
septiembre de 2019 según cifras oficiales de Migración Colombia publicadas en
el informe “Así ha sido la evolución de la crisis migratoria venezolana”;
destacando como las regiones con más migrantes Bogotá (24%), Norte de Santander
(10,8%), Antioquia (9,4%), Atlántico (9,1%) y la Guajira (8,3%).
En el caso específico de las mujeres, si bien estos procesos
migratorios representan sin lugar a dudas una mejora en sus condiciones y
calidad de vida, así como, el paliativo de la precarización y sufrimiento de
familiares y dependientes en el país de origen; también es cierto que estos
procesos migratorios pueden profundizar las condiciones de vulnerabilidad y
riesgo de las mujeres venezolanas, quienes se encuentran expuestas a múltiples
formas de desigualdad, discriminación y violencia por el hecho de ser mujeres,
por su clase social y por su condición de migrantes.
Desde el momento que las mujeres venezolanas inician el recorrido desde sus hogares de origen hasta los lugares de destino se enfrentan a la desprotección y a múltiples formas de violencia y desigualdad por razones de género; entre estos es posible mencionar: prejuicios, estereotipos, acoso, violencia sexual, captación por parte de redes de trata con fines de explotación sexual y feminicidio.
Algunas de estas migrantes venezolanas han sido asesinadas en el contexto de la violencia sexista por parte de sus parejas o exparejas, mientras que otras se encontraban en situación de prostitución o han sido victimizadas en el contexto de la trata con fines de explotación sexual.
Al respecto el Observatorio de feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista fue el primero en evidenciar esta situación en el informe especial “Vivas nos queremos.
Feminicidio de mujeres migrantes venezolanas en territorio
colombiano abril a diciembre de 2018” donde dan cuenta de la ocurrencia de 16
feminicidios de mujeres de nacionalidad venezolana para el referido periodo;
mientras que en su informe “Vivas nos queremos. Feminicidios de migrantes
venezolanas en Colombia. Enero a abril de 2019” registran la comisión de 6
feminicidios en el primer cuatrimestre de 2019, dos de ellos tuvieron lugar en
territorios fronterizos con Venezuela.
Esta información sobre los feminicidios de mujeres migrantes
venezolanas en Colombia fue recientemente ampliada por Claudia Quintero,
Defensora de derechos humanos y directora de la Corporación Anne Frank en su
informe “Sueños rotos. Feminicidios de venezolanas en Colombia 2015-2019”. Esta
investigación realizada a partir del seguimiento y sistematización de los casos
reseñados en la prensa nacional, local y regional, da cuenta de 57 casos de
mujeres venezolanas asesinadas en Colombia en el contexto de la violencia
sexista.
Vale destacar que, si bien entre las víctimas se hallaron
mujeres de diferentes grupos etarios, el promedio de edad de las mujeres
venezolanas víctimas de feminicidio es de 25 años y 9 de las víctimas eran
menores de edad.
En algunos casos las familias de las víctimas en Venezuela
desconocen lo ocurrido, la mayoría de estas familias empobrecidas no cuentan
con recursos económicos para realizar la repatriación de los cuerpos, y como
bien señala el informe “Sueños rotos. Feminicidios de venezolanas en Colombia
2015-2019”, no se cuenta con información pública respecto al estatus judicial
de estos casos o el apoyo de las instituciones a los hijos, hijas y familiares
de las mujeres asesinadas de nacionalidad venezolana en territorio colombiano.
Por su parte en el territorio venezolano reina el silencio; los diferentes
sectores políticos en pugna han optado por ignorar hasta sus últimas
consecuencias la situación de vulnerabilidad y riesgo de las mujeres venezolanas,
quienes se encuentran expuestas a migrar y morir.
Con información de El Universal
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